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Diputados aprobó la creación de cinco nuevas universidades, entre ellas, las del Delta y Pilar

Se tratan las del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. La derecha se opuso por no considerarlas necesarias. También se dió media sanción a una nueva ley que favorece a las PyMes.


Si la educación, en líneas generales libera, procura generar espíritu crítico, evitar ser objeto de la dominación algorítmica o de discursos de falsos profetas, cuánto más se logra si quienes estudian llega a los estrados universitarios. Por eso, cuando en horas de la madrugada del miercoles la Cámara de Diputados daba media sanción a la creación de cinco nuevas universidades, estatales, por cierto, se estaba dando paso a un nuevo peldaño de calidad. Y de “igualdad de oportunidades”, como señaló la diputada sanfernandina Alicia Aparicio, quien estuvo piloteando el proyecto en cuestión.


A partir de la media sanción, se crean las Universidades del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. En la Universidad de José C. Paz, de La Matanza, por caso, más de 70% de los egresados son la primera camada de hijos universitarios que tiene miles de familias. Así lo expone la diputada Aparicio a modo de graficar la importancia que tiene la presencia Estatal a la hora de estimular la educación en todos los niveles.


La votación volvió a poner al descubierto los intereses que defienden bloques como los de Juntos por el Cambio y de la ultra derecha. A la hora de votar, el oficialismo logró sumar 139 votos con el acompañamiento del bloque de la izquierda y provinciales. En tanto legisladores de la derecha terminaron votando por la negativa: 74 votos. Hubo 1 abstención, 42 ausentes, y un legislador sin votar.


Desde la derecha consideran que la creación de universidades es un gasto que debería correr por cuenta del sector privado. No por casualidad, cuando gobernó JxC no crearon universidades.


Por otra parte, la sesión de ayer también se dio lugar al proyecto que impulsa la registración de empleados de Pymes y exceptúa a que los empleadores paguen cargas sociales por dos años. Una ley que tiene a generar más empleos, pero, sobre todo, a regularizar a cientos de miles de trabajadores que revisten en la categoría de irregulares.

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