Denuncian penalmente a Mercado Libre por usura

La presentación fue realizada por el dirigente Gabriel Solado luego de tomar nota que cobra tasa por arriba del 1.300% a tomadores de créditos.

Marcos Galperin, titular de Mercado Libre, quien acaba de recibir por parte del Estado 68.000 millones de pesos en concepto de estímulo a la industria del conocimiento

La crisis es tan aguda y sacude de tal manera al bolsillo que más de 6 millones de personas en todo el país están en mora con entidades bancarias y plataformas, entre éstas Mercado Libre. Tomar deudas para poder pagar los gastos diarios del hogar. Ante la complejidad de la situación, el dirigente Gabriel Solano (Partido Obrero) presentó una denuncia penal contra Mercado Libre al considerar que aplica tasas usurarias que “llegan a más de 1.300% de costo financiero total anual, mientras el Banco Nación presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%”.

“No estamos ante una diferencia normal entre tasas de mercado: estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes y no tienen otra alternativa”, remarcó el exlegislador porteño.

“Esto califica como delito de usura”, señaló Solano para agregar que “el Código Penal en el artículo 175 bis. refiere al que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años”.

Finalmente, Solano señaló: “Mercado Libre opera en otros países de la región bajo un esquema regulado y sujeto a la supervisión del Banco Central, con costos financieros muy inferiores a los que cobra en Argentina. Esto demuestra que no estamos frente a un costo inevitable del crédito, sino ante una política de tasas que debe ser investigada. Presentamos esta denuncia para que se determine quiénes decidieron esta política, cuántos usuarios fueron afectados y si se configura el delito de usura. La complicidad del Estado es clara. No puede mirar para otro lado mientras billeteras digitales hacen negocios millonarios sobre el endeudamiento de los trabajadores”.