De las ratas de Ritondo a la destitución del fiscal sanisidrense Claudio Scapolán
El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires lo encotró responsable de una serie de delitos ligados al narcotráfico.
Finalmente, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires, dejando atrás presiones y operaciones políticas y mediáticas, resolvió destituir de su cargo al ya suspendido fiscal federal de San Isidro Claudio Scapolán, quien había sido desplazado el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento por nueve votos contra uno.
La destitución de Scapolán, quien fuera un leal y fiel fiscal que respondía al también desplazado Fiscal General de San Isidro Julio Novo, seriamente cuestionado por sus manejos autoritarios, destrato al personal, y sus particulares vínculos con el poder políticos, intendentes en particular, fue acusado (Scapolán) de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados que robaba droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla.
En un fallo por mayoría (10 a favor y solo 1 en contra), el jury también dispuso para Scapolán, presente en la audiencia, la inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos y que pague las costas del proceso.
De este modo, Scapolán queda destituido de su cargo como fiscal federal de San Isidro, del que ya había sido suspendido el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el procurador de la Corte Bonaerense, el macrista Julio Conte Grand quien, corrido por la realidad, avanzó con el enjuiciamiento.
Los primeros indicios de corrupción que recayeron sobre Scapolán partieron desde la propia fiscalía. Varios fiscales fueron los que comenzaron a denunciar las corruptas maniobras de su par. No muy distinta fue la postura de la Asociación Judicial Bonaerense, regional San Isidro, que a través de los delegados gremiales, objetaban y denunciaban las irregularidades. A partir de ahí, la entonces diputada Elisa Carrió impulsa el camino del enjuiciamiento que, vale recordar, mereció la resistencia de intendentes que, por distintos motivos, se sentían muy cómodos con el andamiaje montado por Julio Novo.
Scapolán también cayó en desgracia con personal policía y dos abogados penalistas que fueron asesores del Ministro de Seguridad de Vidal, el hoy diputado nacional y precandidato a gobernador Cristián Ritondo. Aún se recuerda que, entre los operativos de incautación de drogas durante el gobierno de Vidal, donde intervinieron algunos de los que hoy están detrás de las rejas, se decomisaron 500 kilos de droga, marihuana; en el camino, las ratas se comieron cerca de 200 kilos. Así lo explicaba, en aquellos años, desde el Ministerio que comandaba Ritondo. En su momento, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien investigó todo el andamiaje de corrupción que giraba en torno al fiscal y a personal policial, también hizo referencia al extraño faltante de dorga, esos 200 kilos que se habría comido las ratas.
El jurado estuvo presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso. También lo integraron los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (Juntos, senador), Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos, diputado), Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos, diputado), Sofía Vanneli (Frente de Todos, senadora, votó contra la destitución) y María Eugenia Brizzi (Juntos, diputada) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.
Scapolán está acusado de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para la jueza Salgado, la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías bonaerenses y abogados actuaba "con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo".
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015.
Por esos delitos, según describiera el diario Página 12, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados de la matrícula que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesadas y serán llevadas a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, pero Scapolán quedó afuera del proceso hasta ser destituido.
Scapolán alegó en su defensa y aseguró que no había elementos "probados" en su contra y que todo era "meras suposiciones", al tiempo que desligó la responsabilidad en el personal policial que intervino en los procedimientos investigados.
