Cuando el poder pretende sobrevivir a las urnas destruyendo valores democráticos

El Gobierno impulsa reformas estructurales destinadas a limitar las herramientas del Estado y condicionar la capacidad de decisión de quienes resulten elegidos por el pueblo. La pregunta ya no es sólo económica: ¿por qué ahora?

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Columna de opinión

Por: José "Pepe" Armaleo*

Las grandes transformaciones institucionales suelen impulsarse al comienzo de un mandato, cuando un gobierno cuenta con la legitimidad que le otorga el respaldo reciente de las urnas. Por eso, frente al paquete de proyectos presentado por Javier Milei -la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, las restricciones permanentes a la política fiscal y la desregulación del sistema financiero-, la primera pregunta no es técnica. Es política. ¿Por qué ahora?.

Han transcurrido más de tres años de gobierno. Si estas reformas eran indispensables para el desarrollo de la Argentina ¿por qué no fueron impulsadas al inicio de la gestión? ¿Por qué esperar hasta las puertas de un nuevo proceso electoral, cuando el Pueblo se dispone a decidir el rumbo del país?.

En política, los tiempos nunca son inocentes. Nada es casual. Cuando un gobierno intenta modificar instituciones fundamentales en la etapa final de su mandato, resulta legítimo preguntarse si no procura dejar condicionadas las decisiones de quienes puedan sucederlo.

La reforma del Banco Central no constituye un simple cambio administrativo. Al reducir su misión casi exclusivamente a preservar el valor de la moneda, el Estado renuncia a herramientas esenciales para promover el desarrollo, orientar el crédito, preservar la estabilidad financiera y enfrentar situaciones de crisis. Es decir, limita deliberadamente la capacidad de acción de los gobiernos futuros.

No se trata de una discusión exclusivamente argentina. Los principales bancos centrales del mundo conservan múltiples objetivos porque comprenden que la política monetaria forma parte de una estrategia nacional de desarrollo. En cambio, los modelos que reducen al Estado a un mero espectador terminan trasladando las decisiones hacia los grandes actores financieros. La experiencia peruana, tantas veces presentada como ejemplo, demuestra que una supuesta independencia absoluta del Banco Central puede convivir con una creciente dependencia de los mercados y con una profunda fragilidad política. Ese, sin dudas, es el modelo perseguido por el poder.

Cuando un gobierno procura que determinadas políticas queden fuera del alcance de la decisión democrática, deja de discutir un programa económico para comenzar a discutir los límites de la propia democracia.

Por eso esta discusión excede al Banco Central. Lo que está en juego es la posibilidad de que el pueblo argentino continúe decidiendo, mediante el voto, el rumbo económico de la Nación.

Existe un principio republicano que no debería olvidarse: el Congreso no puede disponer de las competencias de los gobiernos futuros de manera tal que vacíe de contenido la voluntad popular. Las leyes pueden ser modificadas por otros congresos elegidos por el pueblo. Esa es precisamente la esencia de la democracia representativa. Ninguna mayoría circunstancial tiene derecho a transformar sus decisiones en un mandato permanente para las generaciones futuras.

Si un gobierno considera que su modelo económico cuenta con el respaldo de la sociedad, debería someterlo nuevamente al juicio de las urnas y esperar el resultado electoral antes de promover reformas destinadas a perdurar más allá de su propio mandato. La premura sólo alimenta una sospecha: que se intenta dejar atadas las manos del próximo gobierno si el veredicto popular resulta adverso.

Por eso el Congreso tiene una enorme responsabilidad. Sus integrantes no fueron elegidos para convertirse en escribanos del Poder Ejecutivo ni para facilitar una transferencia de facultades soberanas hacia los mercados financieros. Fueron elegidos para defender el interés nacional y preservar las herramientas institucionales que permitan a cualquier gobierno democrático conducir los destinos de la República.

Nada es para siempre. Los gobiernos pasan, las mayorías cambian y los pueblos vuelven a expresarse en las urnas. Quienes asuman la conducción de la Argentina después de este ciclo político tendrán no sólo el derecho sino también el deber institucional de revisar todas aquellas decisiones que hayan significado una renuncia a las facultades soberanas del Estado o un condicionamiento indebido de la voluntad popular.

No se tratará de una revancha política. Será, simplemente, devolverle al pueblo lo que nunca debió perder: el derecho a que cada gobierno que él elija pueda gobernar con plenitud y no con las manos atadas por decisiones adoptadas por sus antecesores.

Porque la democracia no consiste solamente en votar. Consiste, sobre todo, en que quienes resulten elegidos puedan gobernar con las herramientas que la Constitución les reconoce y con la libertad necesaria para cumplir el mandato que el pueblo les haya confiado.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.