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Condenaron a quienes amenazaron de muerte a la familia de Massa

Son diez imputados que se reconocieron culpables y deberán cumplir probation


El Juzgado Federal 2 de San Isidro resolvió suspender el proceso a prueba respecto de los 10 imputados en la causa por múltiples amenazas contra Sergio Massa, su esposa Malena Galmarini y familia, en 2020, tras haberse difundido públicamente sus números de teléfono, y les impuso la realización de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.

Además, deberán realizar donaciones a la Asociación Civil "Pequeños Pasos" por montos que varían entre $20 mil y $200 mil pesos.

De este modo, aquella violencia y agresión disparada, en este caso, sobre una figura política e institucional del Frente de Todos, por sectores que se sienten identificados con la derecha reaccionaria y antisistema democrático, como sicede en todo país que se precia de respetar las legalidad, recibieron recibieron la condena del caso. Si la famlia Massa dejaba pasar la instancia judicial, habrían, sostienen gente responsable y apegada a las instituciones republlicanas, naturalizado la violencia como metodología política.


La causa judicial, se inició a raíz de haber hecho público su número de teléfono y el de integrantes de su familia en 2020. Los acusados tendrán ahora registrado el hecho en sus antecedentes penales. Por otra causa, habría un detenido.

En septiembre del 2020, Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, y su esposa, Malena Galmarini, habían recibido múltiples amenazas tanto en redes sociales como por Whatsapp, tras haberse difundido sus teléfonos.

Tras la denuncia se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.


Luego de la investigación y tras considerarse que "se encontraban suficientemente demostradas las autorías y responsabilidades penales" de los acusados, la Justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.


De esta manera, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la Fiscalía "cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad", los imputados deberán abonar entre $20 mil y $200 mil pesos a la Asociación Civil "Pequeños Pasos"; entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes; realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.

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