ARBA libera a miles de empresas de obligaciones impositivas: dejan de ser agentes de retención
- Editorial Tobel
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Actualizó un 179% el piso para actuar como agentes de recaudación y reduce la cantidad de empresas alcanzadas.
A partir de una nueva decisión política en beneficio del sector empresarial, ARBA liberará a 6.800 empresas de actuar como agentes de retención, generando, dicha iniciativa, menos trámites y menores costos administrativos.
Sucede que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) actualizó los montos de facturación a partir de los cuales las empresas deben actuar como agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Lo hizo con el objetivo de “adecuar los parámetros vigentes al contexto económico y aliviar cargas administrativas sobre el entramado productivo”.
La medida implica un incremento del 179% en el umbral de ingresos, que pasa de $2.800 millones a $7.800 millones anuales, y fue dispuesta mediante una resolución normativa publicada hoy en el Boletín Oficial.
Para dimensionar el impacto de la decisión, desde el organismo explicaron que, si desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof los montos se hubieran actualizado únicamente por inflación, el aumento general de precios habría incorporado de manera automática a miles de empresas al régimen, aun sin que hubieran crecido en tamaño ni en capacidad económica real.
La política aplicada por la Provincia fue exactamente la contraria: evitar que la inflación amplíe por inercia la cantidad de agentes de recaudación. Como resultado, actualmente el padrón de agentes se reducirá a 11.100, lo que representa apenas un tercio del universo que existiría bajo un esquema de actualización automática. En la práctica, este año unas 6.800 empresas quedarán liberadas de esa obligación, con menos trámites y menores costos administrativos.
Otro aspecto central de la normativa es que las empresas que, tras esta actualización, queden por debajo del nuevo monto establecido “permanecerán excluidas del régimen durante un plazo de 24 meses”, independientemente de las variaciones que puedan registrar en su facturación durante ese período.
