A 50 años del golpe cívico-militar: memoria, estado y democracia

Cincuenta años después del golpe de 1976, la memoria vuelve a ser un campo de disputa política. Lo que está en discusión no es sólo el pasado, sino también el sentido de la democracia argentina y el papel del Estado en la organización de la vida social.

Marcha del día de la memoria, 2019 (Grupo de Teatro Las Estatuas)

Columna de Opinión

Por:José "Pepe" Armaleo*

El tiempo tiene una forma extraña de acomodar los recuerdos. Hay hechos que parecen quedar lejos, como si pertenecieran a otra época o a otra vida. Pero hay otros que, aun después de cincuenta años, siguen presentes con una claridad que no se desgasta.

Entre ellos están los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos, que no habitan el pasado sino la memoria viva de nuestro pueblo. No son una cifra ni una consigna repetida por costumbre: son militantes políticos, trabajadores, estudiantes, delegados sindicales, artistas, hombres y mujeres que creyeron que la Argentina podía ser un país más justo. Por eso, cuando cada 24 de marzo decimos 30 mil detenidos-desaparecidos presentes, no estamos evocando una ausencia. Estamos afirmando una memoria colectiva que se niega a ser borrada.

Hablar del golpe de 1976 no es, para quienes atravesamos aquella época, una reflexión distante ni una reconstrucción neutral de la historia. Es hablar de una experiencia vivida, de una generación marcada por la militancia política, por la esperanza de transformar una sociedad profundamente desigual y, también, por la violencia que terminó arrasando con buena parte de esos sueños.

El golpe que encabezaron Videla, Massera y Agosti, bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, no fue simplemente una interrupción del orden constitucional. Fue la instauración de un sistema de poder que utilizó el terrorismo de Estado como herramienta para reorganizar la sociedad argentina.

No se trató únicamente de eliminar a las organizaciones armadas ni de reprimir a una generación politizada. El objetivo era mucho más profundo: alterar de manera duradera las relaciones de poder dentro de la sociedad, disciplinar a los trabajadores, debilitar a sus organizaciones y modificar el modelo de desarrollo que durante décadas había estructurado la vida económica y social del país.

En la historia argentina los golpes de Estado no eran una novedad. El quiebre institucional de Golpe de Estado en Argentina de 1930, la llamada Revolución Libertadora del 16 de septiembre de 1955 o el Golpe de Estado en Argentina de 1966 ya habían interrumpido la vida democrática. Pero el golpe de 1976 tuvo una diferencia sustancial: no buscó solamente desplazar a un gobierno o reordenar transitoriamente el sistema político. Buscó transformar de raíz la estructura económica y social del país.

Todavía hoy seguimos viviendo muchas de las consecuencias de aquel proceso. La primacía del capital financiero sobre la producción, la fragilidad creciente del mundo del trabajo y la desigualdad social que atraviesa a la Argentina contemporánea no pueden comprenderse del todo sin mirar hacia ese momento histórico. Tal vez ese proyecto no haya nacido exclusivamente en 1976 -muchas de sus ideas venían gestándose desde antes-, pero fue durante la dictadura cuando encontró las condiciones políticas y represivas necesarias para imponerse con una profundidad que marcaría el rumbo del país durante las décadas siguientes.

Durante años se intentó explicar lo ocurrido a través de una interpretación que buscaba equiparar responsabilidades: la llamada Teoría de los dos demonios. Según esa mirada, la tragedia argentina habría sido el resultado de un enfrentamiento entre dos violencias equivalentes: la de las organizaciones armadas y la del Estado.

Pero esa explicación, además de simplificar brutalmente la complejidad de aquellos años, oculta una diferencia fundamental. En una democracia, el Estado tiene el monopolio de la fuerza precisamente para garantizar la ley y proteger a los ciudadanos. Cuando ese mismo Estado se convierte en una maquinaria clandestina de secuestro, tortura y desaparición, deja de ser un árbitro del conflicto social y pasa a convertirse en su principal violador.

El terrorismo de Estado no distinguió entre combatientes y ciudadanos. Alcanzó a estudiantes, trabajadores, delegados sindicales, periodistas, intelectuales, militantes políticos y también a personas que simplemente estaban en el lugar equivocado o tenían el apellido equivocado.

La represión no fue un exceso. Fue un método.

Mientras funcionaba ese aparato clandestino de persecución y desaparición, el gobierno militar impulsaba una profunda transformación económica bajo la conducción de Martínez de Hoz. El objetivo era modificar de manera duradera la estructura social del país: debilitar el poder de los trabajadores organizados, abrir la economía al capital financiero y alterar la relación de fuerzas entre el trabajo y el capital.

Por eso el terrorismo de Estado y el programa económico no fueron fenómenos separados. Fueron parte del mismo proyecto. El disciplinamiento social, la persecución de delegados sindicales, la destrucción de organizaciones políticas y sociales y el miedo instalado en amplios sectores de la sociedad crearon las condiciones para avanzar hacia un modelo basado en la valorización financiera, la apertura económica y el debilitamiento del entramado productivo que durante décadas había sostenido el empleo y la movilidad social en la Argentina.

Medio siglo después, la historia no se repite en los mismos términos. La Argentina vive en democracia y las instituciones siguen siendo el marco en el que se dirimen los conflictos políticos. Pero sería ingenuo no advertir que cada vez que un programa económico genera fuertes tensiones sociales, reaparece también la tentación de responder al conflicto con mecanismos de disciplinamiento.

Cuando las demandas de los jubilados, de los trabajadores o de cualquier sector social que se siente perjudicado encuentran como respuesta una reacción estatal desproporcionada, lo que vuelve a ponerse en discusión es el papel del Estado en la democracia.

El Estado democrático no está llamado a actuar como un aparato de castigo frente al conflicto social. Su función es mediar, equilibrar intereses y garantizar derechos. Durante décadas, la democracia argentina se construyó sobre la idea de que el Estado debía actuar como equilibrador de las tensiones entre el capital y el trabajo, evitando que las asimetrías propias del mercado se transformaran en desigualdad extrema o exclusión.

Cuando ese equilibrio se rompe y la protesta social es tratada como una amenaza antes que como una expresión legítima de la vida democrática, la memoria histórica vuelve a recordarnos hasta qué punto el pasado sigue proyectando sus sombras sobre el presente.

En medio de ese horror también surgieron gestos de dignidad que con el tiempo se transformaron en símbolos universales de la lucha por los derechos humanos. Las rondas de las Madres de Plaza de Mayo y la búsqueda incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo demostraron que incluso frente al aparato represivo más brutal es posible sostener una resistencia ética.

La recuperación democrática en 1983, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, abrió un proceso singular en América Latina. El Juicio a las Juntas estableció un precedente histórico: los responsables del terrorismo de Estado debían responder ante la justicia.

Ese camino no fue lineal. Hubo retrocesos, leyes de impunidad, indultos y largos años de lucha para volver a poner en marcha los procesos judiciales. Pero, con todas sus tensiones, la sociedad argentina logró construir algo que hoy forma parte de su identidad democrática: la convicción de que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes.

Sin embargo, medio siglo después del golpe, ese consenso vuelve a ser cuestionado.

En los últimos tiempos han reaparecido discursos que buscan relativizar el terrorismo de Estado, discutir la magnitud de los crímenes cometidos o reinstalar la idea de que en los años setenta “todos fueron igualmente responsables”. No se trata de una discusión académica ni de un simple revisionismo histórico. Es una disputa política por el sentido del pasado y, sobre todo, por el tipo de sociedad que se pretende construir.

Hoy, como ayer, algunos vuelven a arar sobre el mismo surco, intentando alcanzar por otros medios lo que entonces no pudieron imponer por la fuerza. Con más experiencia, con nuevas tecnologías y con un aparato mediático y económico de una escala sin precedentes, buscan erosionar lentamente los consensos democráticos que la sociedad argentina supo construir después de la dictadura.

Pero detrás de ese intento de reescribir el pasado también se esconde una discusión más profunda sobre el presente: el papel del Estado en la organización de la vida social. Durante décadas, la democracia argentina se construyó sobre la idea de que el Estado debía actuar como mediador y equilibrador de las tensiones entre el capital y el trabajo, garantizando derechos, regulando los conflictos y evitando que las asimetrías de poder propias del mercado se tradujeran en desigualdad extrema o exclusión.

Cuando se relativiza el terrorismo de Estado o se intenta presentar a la dictadura como una respuesta inevitable a los conflictos de los años setenta, lo que en realidad se está poniendo en discusión no es sólo una interpretación histórica. También se cuestiona ese principio básico: que el Estado democrático no puede ser un instrumento al servicio de los sectores más poderosos, sino una institución destinada a garantizar el equilibrio social y la vigencia efectiva de los derechos.

Por eso, a cincuenta años del golpe, la memoria no puede convertirse en un ritual vacío que se repite cada 24 de marzo. Tiene que seguir siendo una práctica política y ética. No para alimentar el rencor o el odio, ni para vivir atrapados en el pasado, sino para recordar algo esencial: la democracia no es un estado natural. Es una construcción colectiva que exige memoria, instituciones fuertes y un Estado capaz de garantizar derechos y equilibrar las tensiones de la vida social.

Porque cuando una sociedad empieza a discutir si el terrorismo de Estado fue realmente tan grave como se dijo, en realidad ya no está discutiendo el pasado. Está discutiendo hasta dónde está dispuesta a defender su futuro democrático. 

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

*José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro Arturo Sampay y de Primero Vicente López.