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Katopodis logra medida cautelar y frena acuerdo entre Vidal y EDENOR

2-Dec-2019

Todo comienza por una decisión del gobierno de Cambiemos que perjudica a sectores de bajos recursos  económicos

 

Por: Fernando Gañete Blasco.- Durante el gobierno de Mauricio Macri, en Nación y María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, hubo intendentes que se pusieron del lado de la comunidad y otros que defendieron los intereses de las empresas poderosas. El caso de Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, fue uno de los jefes de gobierno municipales que desde el 2016 decidió reclamar por las altas subas en las tarifas energéticas. Es así que participó y expuso en seis de las Audiencias Públicas de gas y de luz que se hicieron en estos 4 años. 

El 2 de febrero de 2016, Katopodis se reunió con el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el impacto de las subas de los servicios públicos, y le exigió una Tarifa Social y una Tarifa PyME. Tres meses después, el intendente acompañó a los clubes de la ciudad, que presentaron una acción de amparo y solicitaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal Civil y Comercial N° 2. Asimismo, en agosto de ese año Katopodis presentó un amparo para PyMEs de San Martín contra el tarifazo de gas. Cabe recordar que semanas atrás el intendente Andreotti  (San Fernando) salió con un recurso similar.

 

En junio de 2017, la Justicia Federal dictó la primera medida cautelar contra el tarifazo, a favor de seis clubes de San Martín, sentando precedente para otras instituciones.

 

Por otro lado, en abril de 2018, junto a la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, Katopodis presentó un amparo para los vecinos que perdieron la Tarifa Social de Gas. Y en octubre, se trató de un amparo para frenar el nuevo tarifazo de gas, junto a clubes de barrio, centros de jubilados, PyMEs, comerciantes, sindicatos, trabajadores y trabajadoras.

 

Además, en dos ocasiones, el Municipio de San Martín impuso multas millonarias a Edenor por el incumplimiento de la empresa a la ley de Defensa al Consumidor.

 

Mientras tanto, durante este 2019, la gobernadora María Eugenia Vidal suscribió distintos acuerdos con las distribuidoras eléctricas para la Provincia de Buenos Aires, en los cuales no participaron los municipios. En estos acuerdos obligan a los municipios a pagar altas sumas. La medida impulsada por la gobernadora se generó luego de que el gobierno nacional de Cambiemos le transfiriera el control de los servicios a la provincia y al la CABA. Pateando la pelota, Vidal termina habilitando que las prestadoras de energía avanzaran sobre sectores de muy bajos recursos económicos. Así se desentiende del problema. 

 

Es que, según la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial el costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente a los Asentamientos será asumido por la Provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. La gobernadora firmó que los costos adicionales serán afrontados por los respectivos Municipios. 

 

Como consecuencia, EDENOR le reclama al Municipio de San Martín $152 millones en concepto de costo por consumo de energía eléctrica de los asentamientos ubicados en el partido, perjudicando así a los ciudadanos.

 

Es por ello que el Municipio de San Martín presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia una acción para que se declare la inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad inmediata del Decreto Provincial N° 1289/2019 y del art. 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial N° 15.078, por desfinanciar y avasallar la autonomía municipal. 

 

El Municipio obtuvo una medida cautelar luego de presentar ante la Justicia el reclamo de que ninguna autoridad puede imponer a los Municipios gastos que ellos mismos no hubiesen autorizado, ni privarlos del derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes legalmente constituidos.

 

 Así EDENOR no puede avanzar con el cobro de costos adicionales, que no fueron acordados con los Municipios y que deberían estar destinados a obras y servicios para los ciudadanos.

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