Anticipan ola de despidos en el Estado provincial

No renovaran contratos; peligran 15.000 trabajadores

Por: Tano Armaleo.- Luego de que el Estado nacional le garantizara $40.000 millones de pesos para el 2018 a modo de recuperar parte del Fondo del Conurbano -dinero que proviene en gran medida de trabajadores y jubilados, ANSES-, el paso siguiente exigido a Vidal, al resto de los gobernadores, y también a intendentes, fue la reducción del déficit público. El camino a seguir son dos: reducción de personal y “sanear" cajas jubilatorias.

Mientras Mauricio Macrí impuso a sus ministros achicar el plantel estatal (se estima que más de 20.000 personas quedarán sin trabajo), María Vidal activó lo propio con sus funcionarios. La primera pincelada la dio en el ámbito legislativo. La legislatura provincial (senadores y diputados provinciales) que tiene asignado, por ley, un 3% del total del presupuesto provincial -muy por debajo de los índices internacionales; se estima que ronda los 1.800 millones al año -, anticipó que el 2018 llegará con recorte: cerca de 1 punto. Si bien la merma no mueve seriamente el amperímetro presupuestario provincial, la idea es hacer marketing, mostrar que la política es una caja de vagos, e ineficientes. Una mirada, por cierto, muy parcializada, muy PRO, que no se compadece con la realidad.

Mientras la gobernadora distrae a la gente con el mentado ajuste de la política, la verdadera estocada provendrá por el lado del amplio plan de despido de trabajadores que tienen proyectado. “No vamos a echar a nadie, lo que se va hacer es analizar seriamente los contratos laborales y aquellos que no se ajusten a las exigencia laborales tendrán que irse”, confía a Lo Nuestro un intendente cercano a la mandataria provincial.

Sabido es que la provincia, al igual que el Estado nacional y la totalidad de los municipios, tienen miles de trabajadores precarizados, contratados, que año tras año logran renovar la relación laboral. Médicos, enfermeros, docentes, programadores, asistentes sociales, personal técnico, entre otros, revisten en dicha categoría. A partir del 2018 se quedarán sin su contratación. Fuentes extraoficiales estiman en cerca de 15.000 personas quedarán sin contratos laborales. Y al igual que años anteriores, planes sociales, de salud y educativos se verán afectados. Recibirán menos presupuesto. Por lo tanto, aquellos que allí trabajan ya no tendrán una labor concreta.