Santiago Maldonado: el macrismo recurre a provocaciones
Columna de opinión
Escribre: Néstor Pitrolla*
Los alcahuetes mediáticos del oficialismo afirman que la desaparición forzosa es incompatible, conceptual y prácticamente, con la existencia de un régimen democrático. Para esta gente, el gatillo fácil sería, entonces, una figura retórica. Incluso la trata de personas, que la ministra Bullrich invocó para equiparar a lo ocurrido con Santiago, revista también en la categoría de desaparición forzosa, apenas se tiene en cuenta la participación directa o cómplice de los aparatos represivos. La Agencia Federal de Inteligencia, como sucede igualmente con el FBI en Estados Unidos, es completamente omisa en cuanto al desmantelamiento de las redes de trata, a pesar de que, obligadamente, debe estar recogiendo toda la información vinculada a este delito.
La oposición que se quiere establecer entre la desaparición forzada, por un parte, y la democracia, por la otra, confunde gobierno con Estado. El aparato del estado no tiene nada de democrático: no está sujeto a la elección ni al escrutinio popular; constituye una burocracia civil o armada que se reproduce por vía de escalafón, aunque más de las veces por medio de camarillas, que sobrevive a los gobiernos electos y a las representaciones parlamentarias. Es curioso que los agitadores oficiales ignoren la distinción entre gobierno y aparato estatal cuando ha tenido que recurrir, como otros antes de él, a purgas en la bonaerense, sin llevar a nadie a los tribunales de justicia. La reiteración de estas purgas por parte de administraciones o incluso gabinetes de diferente signo, es una muestra contundente de la pervivencia, e incluso omnipotencia, del aparato del estado sobre la representación popular y, por sobre todo, la soberanía popular. Por todo esto, la conquista de la democracia se identifica con la destrucción del estado y el desarrollo de una administración sujeta a elección en todos los niveles, incluida la revocabilidad.
Bajo el gobierno K, el gatillo fácil encontró terreno propicio, lo mismo que el espionaje a los movimientos sociales y la represión a las luchas obreras – así como también la desaparición de Jorge Julio López o el secuestro y muerte de Luciano Arruga. El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra – “un crimen político contra la clase obrera”, fue planificado por el aparato de la burocracia sindical, de la policía y el gobierno (Aníbal Fernández). Hebe Bonafini justifica la complicidad kirchnerista con el aparato represivo, por medio de una distinción incalificable: que López era un portero y Maldonado es un militante. Estamos ante una repudiable falta de principios.
Con la instalación del gobierno macrista, paradojalmente, los choques entre el aparato del estado y el gobierno se han acrecentado, cuando habrían debido armonizarse. Esto se observa en el campo judicial y en la policía. Es que para este aparato y para los grandes intereses capitalistas, la gestión macrista constituye una ocasión para recuperar posiciones que cree haber perdido bajo gestiones previas o incluso desde la partida de la dictadura. Por eso recurre a iniciativas propias y a provocaciones. Es, por ejemplo, lo que ocurrió con el 2x1, cuando los partidarios de la amnistía, dentro y fuera del gobierno, hicieron lobby para imponerlo en la Corte, mediante un golpe de mano. Como consecuencia de la presión popular, el macrismo tuvo que impulsar luego una derogación ficticia de la sentencia en el Congreso, que no le ha quitado vigencia jurídica. El 2x1 fue votado por los dos cortesanos designados por el macrismo. Como ocurre con Trump en Estados Unidos, el macrismo no puede gobernar sin la complicidad de los aparatos del estado y sin chocar con ellos al mismo tiempo. Los gobiernos capitalistas ‘homogéneos’ no existen.
En Chubut, los testimonios recogidos señalan que la gendarmería operó una desaparición forzada, en el marco de una política represiva de gran alcance, en defensa de los grandes acaparadores de tierras, Benetton y Lewis, entre otros, con el encubrimiento o complicidad de la justicia local. Aunque el gobierno se declara ajeno a los hechos, la desaparición tuvo lugar después de una reunión de gobierno en la zona. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quedó en el lugar y tuvo participación en la represión que concluyó con la desaparición de Maldonado. O sea que el gobierno fue ajeno al secuestro y cómplice de la desaparición al mismo tiempo. Para salvar la contradicción asegura que Santiago habría sido herido de muerte en un asalto armado a una finca de Benetton.
Esta extensa introducción busca despejar el terreno para entrar en el núcleo de todo este asunto – su fundamento último, que no es otro que una vasta campaña capitalista de acaparamiento de la Patagonia. Es una versión de las guerras del desierto, hasta cierto punto con otro métodos, esta vez en la época del capital monopolista y en un marco político de unidad nacional. La Patagonia es una reserva gigantesca de desarrollo minero, hidrocarburífero, inmobiliario y acuífero. Es una enorme reserva de explotación capitalista (“reserva de valor”) a ser movilizada al mercado mundial a través de los puertos patagónicos. En Esquel, escenario de la represión, un muy difundido plebiscito prohibió la explotación minera. El tema se encuentra presenta en numerosas localidades chubutenses, como también ríonegrenses y santacruceñas. Las concesiones en Vaca Muerta (Neuquén) han provocado desplazamientos importantes de población y confiscaciones de terrenos. En el mismo orden de acaparamientos se encuentran los desarrollos hidroeléctricos a cargo de compañías chinas y patronales K, costosas en términos distribución y muy perjudiciales para el medio ambiente – más allá de los beneficios que han sacado quienes acapararon esos terrenos con antelación, a precios bajísimos. La ley de tierras del kirchnerismo, destinada a poner limitaciones al capital extranjero, ha sido una farsa. Este proceso económico de confiscación de tierras por parte de los grandes capitales, ha contado con el apoyo de los partidos políticos capitalistas y, notablemente, por la burocracia sindical, la cual no participa de ninguna lucha contra esta confiscación y sí se esmera en firmar acuerdos de liquidación del derecho laboral para allanar más este desarrollo expropiatorio. El tema de la tierra no se confina, por cierto, a la Patagonia: en moneda frecuente en el norte de Argentina, donde la expansión de la soja y la ganadería ha llevado a la expulsión de sus propiedades de decenas de miles de campesinos y aborígenes, por medio de documentos falsos fraguados en los estudios de abogacía y en las escribanías de las capitales de provincia. La cuestión de la tierra no es un asunto menor en Argentina, como sostienen algunos intelectuales de izquierda, sino algo cada vez más candente, entre otras cosas, porque todo este proceso ha producido un desplazamiento poblacional importante hacia el sur del país.
Néstor Pitrolla; diputado nacional FIT
