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Reclaman que las cámaras de seguridad estén al servicio de las víctimas


Partido Obrero

El pasado lunes, familiares de víctimas de femicidio en Tigre, junto al plenario de trabajadoras en el Partido Pbrero-Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de ordenanza (por mesa de entrada ya que no tiene representación parlamentaria) que tiene como objetivo principal “el acceso a las cámaras de seguridad por parte de familiares de víctimas de violencia de género”.

La mencionada iniciativa la anunciaron ayer, al momento de realizar la segunda radio abierta organizada por familiares, vecinos y amigos de victimas de femicidios y desapariciones del distrito. Estuvieron presentes la familia de Luna Ortiz -joven asesinada hace 2 meses en Benavidez-, hermanos de Georgina Díaz y Thiago, menor que a más de un mes de su desaparición no hay rastros de su paradero, familiares de Tamara López- joven encontrada muerta en Las tunas- y otros casos más que se suman a la larga lista de hechos que todavía continúan impunes.

Al respecto de la actividad, Maria Julia Sánchez -referente del movimiento de mujeres de Tigre y candidata a concejal por el Frente de Izquierda- declaró “esta es la segunda radio abierta que organizamos junto a las familias que continúan con el reclamos de justicia por sus seres queridos. A través de estas actividades y las movilizaciones logramos que los casos se difundan en un distrito que funciona bajo un bloqueo mediático permanente. El municipio de Tigre se niega a entregarles las filmaciones de las cámaras de seguridad a las familias que las han solicitado para corroborar que fue lo que sucedió y encontrar a los responsables de los femicidios. Claramente, hay una responsabilidad política que se manifiesta al impedir la investigación de estos hechos que están creciendo fuertemente en un distrito que se jacta de ser de los más seguros de la provincia”

Gonzalo Domínguez Pose -del Partido Obrero local y candidato a concejal por el FIT- agregó “en el día de ayer presentamos un proyecto de ordenanza que plantea que el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad pueda ser obtenido por todos los vecinos mediante una denuncia policial o judicial de desaparición, abuso sexual, muerte o cualquier tipo de violencia de género”.

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