Renunció Martín Sabbatella con la satisfacción del deber cumplido
Luego de que la cuestionada Corte Suprema confirmara el fallo que lo condenó por intentar “hacer cumplir la Ley de Medios”.
Foto TELAM.-
Nada es casual en el Poder Judicial. Mucho menos las condenas cuando tiene sentados a grandes grupos económicos que no se resignan a perder privilegios. En estos escenarios, la historia reciente demuestra que jueces, y cortesanos, tienen tal grado de connivencia con estos sectores que la justicia es mera ficción. Así fue leído el fallo de la Corte Suprema ratificando la condena contra Martín Sabbatella quien en su momento estuvo frente a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) durante el gobierno de Cristina Kirchner. Organismo encargado de poner en marcha la denominada Ley de Medios, resistida, vale recordar, por grandes grupos económicos.
Frente a la confirmación de la condena, Martín Sabbatella renunció como funcionario del gobierno bonaerense de Axel Kicillof. El ex intendente de Morón era el titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC).
“Tal como lo hicimos antes con grandes resultados en la Cuenca Matanza Riachuelo, en estos últimos meses venimos realizando un trabajo muy importante en la recuperación del Río Reconquista, junto al gobernador Axel Kicillof. Nuestro mayor orgullo es que, ante cada responsabilidad que nos tocó asumir, ponemos todo nuestro esfuerzo y capacidad para conseguir el resultado esperado”, consideró Sabbatella y continuó: “Lo mismo hicimos en AFSCA, donde trabajamos fuertemente con el mandato de Cristina y el encuadre de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para democratizar la palabra, multiplicar las voces, promover nuevos medios en todo el país y terminar con los monopolios que concentran la información”.
Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, resaltó: “Martín Sabbatella fue injustamente condenado por el solo hecho de cumplir la ley que regulaba a los grupos concentrados de comunicación. Es lamentable la judicialización de la política. Tienen que terminar las persecuciones. Quiero además agradecerle y destacar su trabajo a cargo del COMIREC en una circunstancia tan difícil en la Provincia de Buenos Aires”.
Como consecuencia del intento de aplicación del capítulo antimonopólico de la LSCA, el Grupo Clarín inició una causa contra quien fuera presidente de AFSCA y Sabbatella fue condenado a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación por un año a ejercer cargos públicos.
La Ley de Medios, cabe recordar, fue -decreto mediante- una de las primeras medidas dispuestas por el gobierno de Juntos por el Cambio cuando Macri oficiaba de presidente de la nación. El mismo presidente que recibía en su casa privada y en la Quinta de Olivos a jueces y fiscales. Magistrados que, luego se supo, tenían extrañas relaciones con el poder mediático y empresarial, por caso el inglés Lewis. Esto quedó resumido en el escandaloso caso de Lago Escondido.
La causa de Lago Escondido, que involucraba a jueces y empresarios revelando dádivas -el pago de los pasajes en avión desde Bs.As a Neuquén desembolsado por los empresarios-, terminó, gracias al poder de la Casta Judicial, siendo anulada.
“Tenemos claro que estas son las consecuencias de haber cumplido con las obligaciones que establecía esa ley de la Democracia. La condena es un intento más de disciplinar a quienes trabajamos y militamos en el Proyecto Nacional que lidera y conduce Cristina Kirchner. Es ella quien padeció y padece la mayor persecución, porque nadie como ella enfrentó con mayor claridad y contundencia a los que quieren un país más desigual y con menos derechos. Como saben que Cristina es imposible de disciplinar o domesticar, llegaron a gatillarle en la cabeza”, opinó Sabbatella y agregó respecto de la no aplicación de la LSCA: “No nos resignamos ni a democratizar la Comunicación ni a dejar en manos de las corporaciones y los grupos económicos concentrados el ejercicio de la Justicia. Prefiero esta condena del partido judicial por haber querido aplicar la ley que la condena social de usar el Estado para servir a los poderosos”.
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