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Los vecinos de Boulogne y la interna libertaria le ponen un cepo a Lanús

  • Foto del escritor: Editorial Tobel
    Editorial Tobel
  • 13 jun
  • 2 Min. de lectura

Direccionado a impedir la construcción de un complejo edilicio en lo que fue el predio del Batallón Militar, el concejal peronista -Federico Meca- presentó un proyecto de ordenanza que frena el emprendimiento inmobiliario. Acompañamiento del possismo y de La Libertad Avanza.

 


Más de 12.000 firmas, varias movilizaciones, el permanente acompañamiento de concejales del peronismo, y el temor de “causar daño ambiental”, sumado a una dura y violenta interna en La Libertad Avanza por tema cargos y cajas, terminaron por definir una Ordenanza favorable para vecinos de Boulogne.


Se trata de una Ordenanza, presentada y trabajada por el peronista Federico Meca quien presentó un proyecto para que se ordene “la suspensión de las obras del barrio privado que se desarrolla junto al Arsenal de Boulogne”. La Ordenanza en cuestión fue aprobada por mayoría: 6 concejales de Unión por la Patria, 2 de La Libertad Avanza -uno voto de ese sector fue por la negativa, y 7 concejales del denominado possismo que también fueron con sus votos para el lado de los vecinos.

En referencia al tema, el contador Meca, presidente del bloque Frente Renovador, explicó: “la premisa es cuidar el predio, uno de los últimos pulmones verdes que tiene la comunidad. No se trata sólo de un parque: es un espacio fundamental para el escurrimiento del agua en una localidad que ya se inunda. Si permitimos que se cubra completamente de cemento, el bajo Boulogne se convertirá en una laguna”.


Además, el concejal cuestionó al intendente Ramón Lanús por desoír el reclamo vecinal ya que “más de 12.000 vecinos se manifestaron en contra del proyecto a través de la asamblea ¨Boulogne 100% Verde¨. El hecho de que la construcción no cuente con el aval de la comunidad debería ser motivo suficiente para reconsiderar este negocio inmobiliario”.


Y agregó que “queremos saber si existen estudios de impacto ambiental que garanticen que es posible abastecer al complejo con servicios públicos como gas, cloacas y agua, sin afectar el suministro a los vecinos que ya viven en la zona”.

Por su parte, la concejal Estefanía Rivadulla respondió duramente a las repercusiones políticas, y fue contundente: “quiero decirle a Lanús que no estamos en contra de su gobierno, sino de la forma en la que gestiona. Su modelo de gestión parece basarse exclusivamente en negocios inmobiliarios. Eso es lo único que le sale bien, porque en un año y medio no logró ni siquiera una recolección de residuos eficiente”.


Un dato no menor es que el Departamento Ejecutivo –intendente- tendrá un plazo de 48 horas, a partir de la promulgación de la ordenanza, para presentar la documentación necesaria que ayude a determinar la legalidad de la obra, “caso contrario el Ejecutivo deberá clausurar la obra o bien vetar nuestro proyecto y avanzar sin que nada le importe”, dijo la edil para finalizar.

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