La gran jugada de Cristina redoblando la estocada judicial

Con una tranquilidad absoluta desnuó lo que definió como "mafia judicial" y estado paralelo". Dijo que no será candidata a nada para evitar tener fueros. Así estuvo durante dos años en pleno auge macrista

Lo que tomo el mundo intuía, suponía, finalmente sucedió: Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua. Un fallo surgido de la “mafia judicial” y de un “Estado paralelo” tal cual definió claramente la vicepresidenta con la contundencia de datos objetivos que fue desgranando tras el bochornoso fallo del Tribunal Oral Federal Nº2. Sin embargo, Cristina con una tranquilidad absoluta solo de aquellas que se saben inocentes y poseedora de un liderazgo irrefutable, volvió a marcar la cancha y fijar agenda. No sólo lo hizo al desnudar las maniobras de la “familia judicial”. También lo hizo al anunciar que no será “candidata a nada”, y agregó: no quiero fueros. “Me van a poner presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí: que esté presa o muerta”, dijo.

Es evidente que la vicepresidenta está mirando más allá de la coyuntura. Como líder de un amplio sector de la población, jugó, una vez más, con lo que tanto Perón insistía: la organización vence al tiempo. Así como en el 2019 recreó una estructura (Frente de Todos) que volvió a poner al peronismo y al resto de las fuerzas que integran el espacio en el gobierno, su renunciamiento –que tal vez la presión popular y la realidad podría convencerla de reconsiderar la postura- ratifica la capacidad estratégica de una líder que tiene en claro lo que significa el poder. Y, para qué sirve y a quienes debe beneficiar. "Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico”, dijo CFK.

Juan Domingo Perón, estuvo 18 años perseguido, proscripto. Eva Perón fue ultrajada, y su cuerpo desfigurada por la dictadura de 1955. En el camino hubo represiones, persecuciones, y detenciones sobre dirigentes justicialistas. Muchos de estos dirigentes purgaron prisión sin sustento jurídico. A Perón lo acusaron de robarse todo el oro del banco central. A Hipólito Yrigoyen un golpe cívico militar lo eyecto del poder; lo mandaron a prisión a la isla Martín García. Fue acusado de corrupto. En el 66, el presidente Illia era destituido por otro golpe cívico militar: medios de prensa y el poder real (grupos económicos) se cansaron de dañar y ensuciar su imagen. En el 76, la dictadura cívico militar, también con la anuencia de medios de comunicación, y del poder real (grandes grupos económicos nacionales e internacionales), impulsa un golpe de Estado. A Isabel Perón, además de detenerla, también le inventaron causas judiciales por corrupción. Al igual que los otros casos, el tiempo demostró que todo era una farsa judicial. El resto es historia conocida; y trágica: 30 desaparecidos.

Así como el modelo nacional y popular, de algún modo iniciado por Yrigoyen, y profundizado y perfeccionado por Perón, fue el objeto no tolerado por las oligarquías imperante, en la actualidad la realidad no dista de aquel camino. Sólo que el brazo judicial y mediático está tan prostituido que deja al garete al ciudadano de a pie.

Parafraseando a Perón -solía decir, pensaron que muerto el perro muerto la rabia-, aquellos que en tiempos remotos festejaban y celebraban detenciones y proscripciones montados en falsos andamiajes judiciales, hoy en la intimida estarán tragando el trago amargo de la jugada de Cristina. Habrá que observar cómo decodifica y comprende la dirigencia y la militancia indicada por ella.

Acerca del juicio

A la vicepresidenta le adjudican el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Pero ella no tenía facultades. Las obras y el valor de las obras se decidieron en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso Nacional. La administración del presupuesto corresponde, por la Constitución, a los jefes de Gabinete. Es desopilante que respecto de obras que se licitaron, adjudicaron, pagaron y controlaron en Santa Cruz se impute a una Presidenta que no tenía facultad en la decisión provincial y tampoco en la administración de fondos presupuestarios. O sea, el delito es de imposible ejecución.

Entonces el ángulo principal de la acusación pasó a la cuestión de sobreprecios. Los peritos contadores Daniel Fontana (de la Corte Suprema), Jorge Bueri, José Lucas Gancerain (este último por la defensa de la vicepresidenta CFK) y María Sol Gavela y Valeria Gigetela (por la fiscalía) sólo pudieron peritar cinco de las 51 obras, lo que plantea una cuestión llamativa: ¿cómo se va a condenar a funcionarios que no tuvieron que ver con esas cinco obras si trabajaron en alguna o algunas de las otras 46? Es decir que la carencia de un peritaje desde el origen de la causa pone en duda las conclusiones a las que se puede llegar.

En cualquier caso, los contadores sostuvieron de manera unánime que las redeterminaciones de precios estuvieron bien hechas y que siempre se cumplió con la ley: cuando los precios subían más de diez por ciento de acuerdo a los índices de la construcción, toda concesionaria podía pedir el recálculo