Isleños reclaman mayor compromiso oficial

Aseguran que “la ausencia de políticas públicas para el ordenamiento territorial implica un avance constante de la especulación inmobiliaria”.

No siempre la voluntad política alcanza para satisfacer las demandas de la comunidad. Así lo expresaron no pocos actores del delta, muchos de ellos aglutinados en el CAPI (Consejo Asesor Permanente Isleño, al sostener que “la ausencia de políticas públicas para el ordenamiento territorial implica un avance constante de la especulación inmobiliaria”.

“Durante los últimos 4 años el CAPI decidió apostar por la articulación con el municipio y confió en los mensajes de apoyo de Julio y Mario Zamora. Hoy, sin embargo, se evalúa que las políticas públicas en la isla no se han profundizado”, es parte del escrito que ha hecho público desde el mencionado organismo.

Quien le ha depositado, durante años, gran esfuerzo al CAPI, es Luis Cancelo, vecino isleño de tigre y ex concejal. Alejado ya del organismo, un poco por impotencia otro tanto por buscar otros caminos más resolutivos recuerda que durante muchos años se “ha establecido un trabajo colaborativo permanente con la Dirección General del Plan de Manejo”, que vale recordar, sin recursos económicos y con poco personal, “ha estado trabajando para atender las problemáticas más urgentes relativas al uso del suelo y la destrucción del Humedal”.

Entre los múltiples logros alcanzados por la acción de la comunidad isleña, concretados a partir de la acción política del intendente Zamora, en el 2019 “se logró que se apruebe la ordenanza que prohíbe los barrios cerrados”. Paralelamente, así lo recuerda Cancelo y la propia CAPI; “en este último tiempo se intentó construir participación vecinal para lograr otros cambios legislativos y se presentaron numerosos proyectos en pos de atender a la problemática de la contaminación y las necesidades de desarrollo productivo, social y de infraestructura (amarras, nuevos muelles y puentes)”.

A modo de darle curso a estos requerimientos y proyecto, se motorizo la Dirección General de Plan de Manejo. Cuestión que el municipio aceptó conformarla paulatinamente.Sin embargo, al poco tiempo, luego de la agudización de la crítica social, “decidieron no renovar los contratos laborales y desestimar el rol asesor del CAPI, generando un retroceso grave en las posibilidades de gestión”.

Hoy vemos que en los problemas de transporte, electricidad, contaminación, desarrollo productivo sustentable, mantenimiento de vías navegables (dragado y destronque) es poco lo que el municipio ha podido aportar.

“La ausencia de políticas públicas para el ordenamiento territorial implica un avance constante de la especulación inmobiliaria”, confía el CAPI. Y agrega: Uno de los hechos más graves y contradictorios, el pasado Junio, fue el pedido del Municipio del levantamiento de la medida cautelar de la Jueza Arroyo Salgado (que rige desde 2016), que ponía un freno a los grandes desarrollos inmobiliarios en las zonas de planicie del Río Luján y en el Delta hasta tanto se realizara un informe de impacto acumulativo.

“Esto dejaría, una vez más, la senda libre para la destrucción del ecosistema, tanto de las islas cómo del valle de inundación, por parte de grandes inversores” concluye el escrito emitido desde el Consejo.