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El Juicio a la Corte revela la trama oculta de la corrupción del Poder Judicial

El testimonio de Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, desnuda y pone en jaque a Ministros de la Corte


Una nueva ronda de testigos frente a la Comisión de Juicio Político, que lleva adelante la Cámara de Diputados, volvió a poner en la mesa manejos espurios, lindantes con la corrupción, en lo que a la Corte Suprema de Justicia se refiere. Fue el detallado testimonio de Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, recientemente desplazado de su cargo, que frente a la Comisión que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT) detalló entre otras cuestiones, el déficit financiero de la Obra Social del Poder Judicial, cerca de 3.000 millones de pesos, los extraños manejos con la entrega de 30 mil medicamentos y una serie más de irregularidades que el funcionario detectó mediante una auditoria, esto le valió el desplazamiento de su cargo. Una medida dispuesta por el presidente de la Corte Horacio Rosatti, el vice Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Cuando este tipo de actos administrativos, rodeados de sospechas y apañamiento desde los más altos rangos del Poder Judicial,se precipita aquello que sostienen no pocos jurístas, que la corrupción no son hechos aislados en el Poder Judicial, muy por el contrario.La connivencia de las más altas esferas al no ponerse al frente de este tipo de actos administativos oscuros, conviertel al Poder Judicial como cómplice de dicha trama ya que sus máximas autoridades parecen taparse los ojos ante estos sucesos denunciados.


Si estas cuestiones denunciadas por Marchi, despiertan la ira de no pocos sectores de la comunidad, no menos alarmante es conocer la promiscuidad, connivencia extrema y la entrega de dádivas que se hicieron públicas, por caso, al revelarse el viaje de jueces y empresarios del Grupo Clarín al Lago Escondido, a la residencia del empresario inglés Lewis.

Junto a Marchi, también expusieron Gustavo Montanini, docente de la UBA; y el abogado Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte Suprema. Otro peldaño de corrupción y prommiscuidad judicial y política se revela con lo denunciado a tarvés del espionaje ilegal montado durante el gobierno de Juntos por el Cambio.



De Vedia, como primer testigo, ratificó el informe de la auditoría donde le tocó abordar los temas legales. Sobre la naturaleza de la obra social, explicó que “es un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera, que funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.


En tanto, afirmó no tener conocimiento de una acordada del juez Ricardo Lorenzetti donde el ministro Juan Carlos Maqueda renuncia a sus facultades de supervisión del organismo.


Por su parte, Gustavo Montanini, quien también integró la auditoría interna de la obra social del Poder Judicial, relató dificultades para la realización de la auditoría. “Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y lo utiliza como disparador. Al no existir esos informes, por lo tanto, tuvimos que arrancar de cero, con trece años de proceso de revisión”, dijo.


“Lo que podemos ver es que efectivamente hay algunos elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”, añadió el contador. Asimismo, admitió una “diferencia de siete millones de pesos que no pudimos comprender cuál era el ingreso”.

Por último, Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, enmarcó la situación de la obra social en la última década y denunció “amenazas y seguimientos” después del informe sobre el manejo de la obra social.


“Nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que hemos trabajado en la auditoría de la obra social”, dijo. “Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que exceden el tema de la obra social, que generan mucha presión en mi pero no impide venir y contar la verdad”, añadió.

“En la auditoría lo que hicimos fue solamente detectar todas las falencias de una obra social en todos los sentidos para mejorarla para 100 mil afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”, explicó también.


Asimismo, Marchi expuso que el responsable de la gestión de la obra social fue el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, y también apuntó contra Sergio Robles, el vocero y colaborador cercano del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, “por las operaciones de prensa, las amenazas y los seguimientos”.


“Esto es una vergüenza, porque la Corte Suprema no puede tener esta informalidad. Yo estuve con siete ministros, a los cuales tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución. Hoy realmente eso no sucede. Y va terminar como la obra social, ese es el final de todo”, recalcó.


La Comisión continuará su labor el próximo jueves, en el marco de la investigación contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.



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