El gobierno disfraza la corrupción como Secreto de Estado y cuestiones privadas

A las conocidas denuncias por supuestos pedidos de coimas que involucra a altos funcionarios, el gobierno descubrió que una buena manera de tapar estos graves hechos es recurriendo a Decretos que impiden que la gente se informe.

La corrupción no sólo es aquella que generan en manos de empresarios que buscan, en el poder de turno y funcionarios débiles, negocios poniendo el sobre por debajo de la mesa de entrada. Por estas horas, el gobierno del intolerante, autoritario y agresivo presidente Milei ha recibido dos serias denuncias por presuntos pagos de coimas. Una, relacionada con la explotación pesquera (licencias) en la zona de la Patagonia donde aparece involucrada gente de confianza de la Canciller Diana Mondino. La otra, más reciente, está referida a Yacimientos Carboníferos Río Turbio. En ambos casos aparecen manos de funcionarios y operadores del gobierno.

Si bien esta es la punta de una montaña que promete ser más grande de lo que se observa, lo cierto es que detrás de estos dos hechos se oculta una matriz donde la corrupción es disfrazada con Decretos a instrumentos administrativos. En realidad, el combate contra la casta no es tal. Los actos de corrupción institucional están a la orden del día. Bastaría mencionar, por caso, lo que sucede con el Ministerio de Capital Humano donde la titular, Sandra Pettovello, no sólo no entrega alimentos a comedores tal cual le exige la justicia. La funcionaria desacata fallos judiciales interponiendo cuanto recurso judicial está a su alcance. Acto político, el de la Ministra que cuenta con el pleno aval de los hermanos Milei, que no pocos describen como corrupción institucional en tanto y en cuanto afecta intereses de la comunidad.

Un plano similar se dio con aquello que fue denunciado como “fuga de oro del Banco Central” dispuesta por el Ministro Luis “Toto” Caputo. Además de que la independencia del Banco Central fue avasallada por el gobierno, nadie sabe claramente los motivos del traslado y costos operativos por semejante movida financiera.

Otro eslabón que pone de manifiesto la matriz desplegada por el gobierno para tapar estos actos que bien lindan con la corrupción, en tanto y en cuanto el oscurantismo es la materia prima que suministra el gobierno, es el caso de los Fondos Reservados de la SIDE y el cercenamiento al Acceso a la Información, respectivamente. Dos medidas oficiales que cuentan con la anuencia de los socios del poder: el PRO, especialmente los que responde a Patricia Bullrich, Hacemos Coalición y la UCR, entre otros bloques.

Siempre dentro de esta falta absoluta de transparencia administrativa e institucional, donde los constantes y millonarios viajes del presidente cubren otro renglón oscuro del gobierno, hace horas se acaba de sumar otro listón que tiñe y empaña al gobierno.

Al respecto, se ha publicado un nuevo decreto de declaración de secreto sobre algunos actos de gestión en Defensa, “sumando una gota más a su vaso que rebalsa de discrecionalidad y turbidez”, señala Sergio Rossi, especialista en temas de defensa nacional.

El profesional destaca que este decreto 807/24 modifica y extiende el alcance de otro semejante dictado en abril, el 370/24, decreto aquel que “no tuvo tanto debate en los medios de difusión aunque no difiera demasiado en esencia y magnitud. Juzgue cada uno por qué pasa éste menos desapercibido que aquél”.

“El primero -sostiene Rossi- declaraba bajo secreto militar la operación de compra de aviones caza norteamericanos a Dinamarca. Este segundo extiende ese secreto a obras de construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura, pistas e instalaciones, así como a importaciones de los sistemas de armas que incorporarían dichos aviones”.

“Al mismo tiempo el nuevo decreto introduce un cambio en la responsabilidad de la ejecución de las tramitaciones, que pasan de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa hacia la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. ¿Por qué ese cambio de responsabilidad?  No parece  congruente con las misiones y funciones establecidas en la orgánica ministerial validadas por la actual gestión gubernamental. ¿Habrá una razón que no sea otra de las tantas disputas de figuración y de recursos que se exhiben en el equipo de gobierno? La discusión sobre quién negocia los contratos parecería clara dónde estaba y habrá que aguardar la explicación detallada de las voces del gobierno”, concluye el escrito elaborado por el profesional. Detrás de estos Decretos, de más está decir, subyacen negocios millonarios por varios cientos de millones de dólares que no serán puestos sobre la mesa de cristal de un despacho oficial o a través de una licitación pública. Milei y sus socios políticos operan bajo un preocupante oscurantismo y falta de transparencia que, por lo visto, es el que le exige el poder real, es decir, los grandes grupos económicos.