Denuncia penal contra el gobierno de los hermanos Milei por la represión a jubilados

Fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria.

No conforme con la represión (violenta) descargada sobre miles de jubilados el pasado 28 de agosto, el gobierno de Milei volvió a la carga el 4 y lo mismo sucedió el miércoles 11 frente al Congreso. En esta última oportunidad, la ex Montonera de Barrio Norte, la Ministra Patricia Bullrich, volvió a manipular a las fuerzas nacionales para que descarguen todo el protocolo antipiquetes sobre los miles de pacíficos manifestantes. Fue otra puesta en escena de un gobierno que pareciera buscar un muerto en las calles. Caso contrario no se comprende el sentido de tanta violencia institucional.

Violencia que también se intentó orquestar a partir de montar un falso relato mediático presentando la agresión a una niña de 10 años, la rociaron con gas pimienta, como si fuera perpetrada por “gente violenta”, tal cual intentó presentarla el gobierno. Con el correr de las horas, desde el periodismo, no oficialista, se descubrió a través de las imágenes que la niña fue gaseada por Policía Federal.

Frente a semejante cuadro de violencia institucional y, por lo visto, goce oficial, la Comisión Provincial por la Memoria presentó dos denuncias penales por las represiones ordenadas por el Gobierno contra los jubilados que manifestaron el 28 de agosto y el 4 de septiembre frente al Congreso de la Nación para exigir a los legisladores que anulen el veto presidencial contra la reforma que ellos mismos votaron el 5 de junio pasado.

En ellas se solicita que se establezca qué autoridad dio la orden para el despliegue represivo de la policía, la nómina del personal policial que participó del brutal operativo y la información precisa relativa a las compras de lanzadores de gas agresivos, entre otras medidas de prueba.

En su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM realizó tareas de monitoreo durante ambas jornadas y describió que tanto el miércoles 28 de agosto y el 4 de septiembre se produjo un violento y desproporcionado despliegue policial frente al Congreso.

En el texto de la denuncia por los sucesos del 28 de agosto, que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py a cargo de Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, el organismo señaló que “las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar policial, que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Este deber implica la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas, en particular los establecidos en la Constitución nacional y en las declaraciones, convenciones, tratados y pactos internacionales”.

Las denuncias penales presentadas por la CPM por ambos casos surgen de lo relevado durante las jornadas de monitoreo de la represión de la protesta social que, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, viene realizando desde la implementación del protocolo antipiquete.

Con un Poder Judicial cooptado y colonizado por ideologías neoliberales y cómplice de cuantas maniobras mediáticas y empresariales se les arrime, las expectativas de que finalmente se falle con sentido jurídico y no partidario priva en el imaginario colectivo. La historia condena a este Poder Judicial con sobrados casos donde la manipulación, invento de causas y extorsiones por parte de jueces y fiscales operan contrariamente a derecho. Si bien no es “todo el Poder Judicial”, cierto es que hay instancias que han mostrado alto grado de permeabilidad y corrupción. Es lo que se denuncia sobre estructuras como la Corte Suprema, Comodoro Py, al igual que la Cámara de Casación y la Procuraduría General.