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Cuando la política no resuelve las contradicciones y apuesta a la promiscuidad judicial

En su momento, el bloque del PJ denunciaba a un funcionario del entonces intendente Jorge Macri. La situación escaló, denuncia de agresiones de por medio, a los tribunales


Lo que parecía ser un mero cruce verbal producido en el seno de un bar frente al municipio, en que las rispideces y verba apresurada estuvieron sobre la mesa,estos crices terminaron en fiscalía. Los involucrados, la ex concejala Rosa Lobo (PJ) y, el entonces funcionario de Jorge Macri Sergio Salaya. Dirimieron las fricciones en los estrados judiciales. La ex concejala, sintiéndose víctima vio, en esos dardos disparados por Salaya, una suerte de lanza lo suficientemente envenenadas como para ir a la justicia. Intervino el fiscal Martín Gómez quien al poco tiempo desestimó el pedido de la víctima por consideran que no había elementos suficientes para avanzar contra el denunciado.


La molestia del empresario de la construcción –vinculados a grandes negocios inmobiliarios en la zona, dicen- y funcionario de Macri, comenzó, aparentemente, cuando el entonces concejal Lorenzo Becaria presidente del Bloque del PJ-FPV, durante la Rendición de Cuentas de aquellos años, 2018, revelaba “extrañas maniobras inmobiliarias con las denominadas “herencias bacantes”.


En aquella instancia, Becaria deslizó que Salaya estaría detrás de este tipo de operatoria. Lo cierto es que el municipio, desde la llegada de Macri , no logró adquirir vivienda bajo dicha metodología; herencias bacantes. En tiempos del intendente Enrique García, el municipio lograba, aseguran, hacerse entre 3 a 4 casas por año, Muuchas de estas viviendas terminaban siendo destinadas a Jardines de Infantes Municipales, por caso. El macrismo, vale recordar, no construyó ninguno. Además, el otro tema que carga -aun estando fuera del ruedo local-, Jorge Macri son las más de 400 excepciones municipales en favor de empresarios de la construcción. Una decisión política, la de Macri, que permitió que se construyera donde el Código Urbano lo impedía.


Más allá de esta realidad, lo concreto fue que el funcionario habría visto, en aquella argumentación del concejal, elementos agraviantes sobre su figura. El resto fue la verba disparada en el bar que, al decir de Rosa Lobos, constituían verdaderos agravios. La justicia tuvo otra mirada al entender que “no puede establecerse debidamente una imputación a quien presumiblemente fuese el autor del ilícito que se investiga”.



Cuando este tipo de cuestiones, nacidas bajo las estructuras de la política son llevadas a los Tribunales, donde las personas son sometidas a la mirada judicial, y la crítica social se hace eco de las operaciones mediáticas que generalmente buscan cuidar y defender intereses sectoriales, en muchos casos destruyendo a las personas, surge el daño infligido por la deniminada Justicia Macrista a Cristina Fernández de Kirchner, y a varios de sus ex ministros; Julio De Vido, y Amado Boudou, por caso y, ciertamente, lo que padece Milagro Salas.

En este caso, el Poder Judicial, presionado y condicionado por jueces y cortesanos ligados a Juntos por el Cambio, terminó sometiendo, a base de mentiras y sin pruebas serias, a CFK y a sus ex ministros a una verdadera persecución judicial y mediática. Cristina fue condenada en un fallo escandaloso, y proscripta por un poder judicial promiscuo e influenciable.


Es en este punto en que la política, en particular aquella que alimenta la derecha nacional, y todo destruye si no está bajo su control, es donde debe comenzar a recobrar la potencia que supo tener construir política con bases sólidas y transparentes. Tema que, en Vicente López, como se observa, fue denunciado oportunamente por la oposición y agrupaciones vecinales. Sin embargo, la cobertura de los grandes medios de prensa capitalino ocultarn lo que se denunciaba en medios locales a partir de lo revelado en el Concejo Deliberante.


Seguramente, otra sería la realidad si la prensa capitalina no fuera un brazo del promiscuo Poder Judicial. Sucesos como los denunciados en aquellos años por el bloque del PJ, que mereció la atención de la prensa regional, seguramente no habría terminado en los hechos denunciados por Beccaria, y Rosa Lobos. Y, tal vez, tampoco el empresario y funcionario hubiese estado en el epicentro de la tormenta. Tampoco los y las involucradas hubieran recurrido a una instancia judicial ya que, aquella política macrista no supo, no quiso o no pudo aclarar y brindar detalles de lo denunciado en el recinto por el PJ: que la transparencia administrativa sea una realidad efectiva

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