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Cuando la política daña la vida, relato en primera persona

Un taller de chapa y pintura, ubicado en Villa Martelli, mantuvo la persiana abierta durante 27 años. Vecinos, seriamente afectados por las pinturas de automóviles, debieron recurrir a los Tribunales y a la OPDS. Amenazas, cruces de automóviles, una “habilitación que no existe”. Nunca fue sancionado, cerró por iniciativa propia.

Foto: Los Gaioli, junto a otra vecina, en la redacción de Lo Nuestro aportando documentación


Hay historias, acontecimientos que por tan absurdos y grotescos, terminan resultando verdaderamente increíbles. Precisamente es lo que le sucedió a la familia de Andrés Raúl Gaioli de Villa Martelli. Desde 1994 viene litigando en los tribunales, y ante el poder municipal, por el “mal” funcionamiento de un taller de chapa y pinturas para el automóvil. Taller que al decir de Gaioli, operó hasta hace pocos meses atrás “sin habilitación municipal” en lo que respecta a cabina de pintado. Lo más grave: Andrés, al igual que su mujer, tiene certificados médicos que da cuenta de padecer problemas de salud por inhalar pintura del mencionado taller ubicado en la calle Lavalle 3941/45 de Villa Martelli; pegado a la propiedad de los Gaioli, Lavalle 3939. Nubes de pinturas (toxica) sobrevolando la vivienda de los Gaioli y varias casas más, fueron la amenaza diaria durante años.

Los Gaioli, sí bien son los más afectados por tener la propiedad lidera al comercio, no son los únicos perjudicados por la inercia oficial al permitir un taller en zona residencial y “no poseer cabina de pintura” y trabajar, en muchos casos, “al aire libre, en el terreno del fondo”.

El drama, además de la salud física y mental, proviene que en todos estos años nadie atendió los múltiples reclamos. Mientras tanto, el taller funcionó a pleno. Recién en agosto del 2020 el dueño del taller se dispuso a cerrar la persiana. En el medio hubo denuncia penal, Civil y Comercial N°3 de San Isidro: Dra. María Alejandra Peña; Administrativo N°1 de San Isidro: Dra. María Fernanda Bisio, infinidades de cartas y documentación ante las autoridades municipales. A los intendentes Enrique “Japonés” García y Jorge Macri, también se les acercaron escritos detallando la situación. Gaioli también recurrió a la Defensorio del Pueblo donde le sugirieron “vender la propiedad”.

La lógica avanzada de un vecino que padece en primera persona los efectos de la contaminación a casusa de un taller de chapa y pintura que “no tenía cabina de pintura como exige la ley”, no fue suficiente para que la justicia clausurara el establecimiento. Tampoco la municipalidad se vio alterada por contar con un taller que “nunca cumplió con las normas de seguridad”. “Mire qué casualidad, los registros de habilitación del taller no figuran en los archivos del municipios, no existe, se perdieron”, asegura Gaioli.


Las quejas y denuncias, acompañadas por fotos, grabaciones e informes varios, fueron engrosando los expedientes. Tanto se movió Andrés Gaioli que la OPDS intervino y determinó que aquello que se denunciaba sobre el taller que controlaba un tal Sosa, era cierto. Sin embargo, el taller continúo operando.

Fueron 27 años de angustias, batallar judicialmente en los tribunales, en despachos municipales y en el Concejo Deliberante. Nadie le dio una explicación.


Frente del taller


En el medio, así lo asegura, sufrió “amenazas, persecuciones y aprietes de personal policial y municipal”. Situaciones similares sufrió la mujer, Susana, “la quisieron atropellar”. Todo lo tiene documentado y cargado en los archivos de su abogado. También realizó varias denuncias en sede policial, comisaria de Villa Martelli. Todo en vano.

Pasaron 27 años. 27 años de un taller que, ¡oh, casualidad!, el damnificado, ahora se despacha que en el municipio de Vicente López no existe registro de habilitación alguna que certifique, por ejemplo, la existencia de una adecuada cabina de pintura. Cuando Lo Nuestro intentó hurgar por dicho expediente, se topó con un gran muro.


El taller cerró por iniciativa propia en agosto del 2020. Levantó campamento dejando un camino plagado de incertidumbre, contradicciones y pavimentado, por lo visto, de connivencia e inercia oficial, y lo más grave: con gente seriamente afectada. Gente que buscar un resarcimiento que va más allá de lo económico.

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