Acerca de las detenciones domiciliaria: verdades y mentiras
Denuncia a jueces: el rol de la Secretaría de Enjuiciamiento
Mientras por estas horas la población deglute sin voluntad de masticar, de degustar, todo lo que le van diciendo en torno a la “liberación de presos”, la realidad es muy distinta. No sólo no es liberación de presos: son detenciones domiciliarias. Tampoco la cantidad se registran la cantidad de detenciones domiciliarias como se ha intentado manipular. Tanto que hasta la jueza penal de los Tribunales de Lomas de Zamora, Mónica Márquez, tuvo que reconocer que mintió con los números de presos a los que se les dieron la detención domiciliaria. Además, si de cifra se trata, el año pasado, cuando gobernaba Vidal en tierras provinciales, la cantidad de prisiones domiciliarias fueron casi el doble que la actual;cerca de 600. Sin embargo, y con el afán de pegarle al gobierno utilizando argumentos falaces, los medios alientan lo de “liberación de presos”. Extrañamente, jueces ligados al macrismo, procurador provincial incluido (Conte Grand), han instruido detenciones domiciliarias a presos que no le correspondía dicha medida. Es evidente que lo realizan con toda intencionalidad política. A pesar que el Poder Judicial es independiente y como tal toma medidas, tal el caso de las domiciliarias, la oposición y troles pagos insisten en involucrar al Poder Ejecutivo.
Cabe recordar que en la Provincia de Buenos Aires se creó, en el año 2008, la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, que tiene como función recibir y tramitar todas las denuncias contra los jueces de todos los fueros e instancias, entre otros. Tema sobre el cual está analizando actuar a partir de las medidas de ciertos jueces.
Por cada denuncia se forma un jurado diferente -por sorteo público-, conformado por cinco conjueces abogados de la matrícula y cinco legisladores abogados. El mismo es presidido por el Presidente de la Corte provincial.
El Consejo de la Magistratura de la provincia- a diferencia de la esfera nacional- no tiene ningún tipo de inferencia en el juzgamiento de la conducta de los magistrados. Desde su creación se han tramitado más de 560 denuncias, muchas de ellas aún en trámite. “El objetivo del procedimiento es mantener la salud del sistema de justicia de nuestra Provincia” aseguran desde el organismo. En las destituciones de magistrados interviene el poder político.
Así fue como el senado de la provincial, terminó por destituir el Fiscal Gral. Julio Novo por múltiples arbitrariedades, inconducta, proteger al poder político, y mal trato con el personal judicial; era el fiscal preferido de muchos intendentes de la Región Norte. La contracara la constituyó la destitución del fiscal Washington Palacios: la política prevaleció sobre la el valor judicial a la hora de desplazarlo.
