ATANOR:vecinos padecen un nuevo drama

12-Feb-2019

Producto de una Ordenanza de Excepción, la incertidumbre regresa a los hogares

 

Por: Tano Armaleo.- Centenares de vecinos de Munro, más precisamente los linderos de lo que fuera la empresa Atanor (Albarellos y C.Calvo), están reviviendo viejas pesadillas. Esto se debe  a una Ordenanza de Excepción (36357/19, promulgada por el intendente), votada en diciembre, que permitirá instalar negocios comerciales; entre ellos, mega galpones y centro de logística. De acuerdo con testimonios, y tal cual surge de los expedientes, esto redundaría  en “serios daños” sobre la calidad de vida del barrio, manifiestan los vecinos en cada una de las marchas realizadas en rechazo a la iniciativa oficial.

 

No habrá que perder de vista que, sobre la antigua empresa hubo serias denuncias por contaminación ambiental. Al punto que, durante el gobierno del intendente García se comprobó que varios vecinos tuvieron contactos con talio. Aún hoy, ningún organismo nacional o provincial desestimó dichos informes médicos. El su momento, el tema terminó en un gran escándalo . No obstante, y sin que existan estudios serios al respecto, ahora, es Macri quien avanza con el modelo Cambiemos: el municipio como unidad de negocio.

 

Votada por todas las manos del bloque de Cambiemos y mereciendo el rechazo de la oposición en su conjunto -Frente Renovador, Vecinalismo, Partido Justicialista y Coalición Cívica-, la Ordenanza faculta a los empresarios - Trady s.a- a habilitar el predio dentro de “Rubro Varios”; pueden montar galpones para depósitos, distribuidoras, establecimiento industriales, talleres livianos, al igual que  comercios mayoristas y minoristas. 

 

La voz cantante para justificar una nueva excepción (en lo que va de la gestión de Jorge Macri se aplicaron más de 450), estuvo en manos del concejal Marcelo Chocarro (Cambiemos). En boca del macrista estuvo explicar, ante las dudas de concejales como Sofía Vanelli (FR) relacionadas a la contaminación ambiental, asegurando que “el OPDS ha intervenido y autorizado la recategorización”.  “Los rubros que van a venir no producen contaminación, efluentes líquidos o gaseosos, son talleres livianos, oficinas administrativas”, explicaba Chocarro, en defensa de la excepción, y agregaba: la nueva empresa plantea investigar los posible focos de contaminación, es una obra de mucha envergadura, dará mucho trabajo. Al respecto Chocarro, que cobra sueldo de concejal y a su vez es asesor rentado del BAPRO, dijo que los empresarios, al cual no pocos sospechan  podrían ser testaferros del poder, garantizarán 450 empleos para la comunidad.

 

 

Sin embargo, la realidad expresada por la oposición y vecinos, parece descalificar las expresiones del oficialismo. Así como Vanelli y pares del bloque del Partido Justicialisa-Unidad Ciudadana aseguran no tener pruebas fehacientes de la remediación del suelo, la ex concejal Rosa Lobos vecina de Atanor y gran luchadora por lograr “que el predio sea destinado a un uso acorde las necesidades del barrio y no a los bolsillos de los picaros”, también objeto la versión oficial.

 

Cada una de las marchas vecinales es la muestra clara de que, cuando una Ordenanza de Expresión no es consensuada con la comunidad, la sospecha de corrupción le gana a toda explicación o relato oficial.

“Tan grosero y tanto privilegio le dieron a Trady que la consulta vecinal se redujo a 6 personas. Sí, 6 personas”,  comentaba Liliana Campero, histórica vecina de Atanor. La ley exige que, ante excepciones de estas características, se deba realizar una consulta vecinal. Por lo comentado por los vecinos, nada de eso sucedió.

Los diversos testimonios vecinales son coincidentes en la imperiosa necesidad de que el predio (9 hectáreas), “tenga un destino armónico, sustentable y saludable para toda la zona”. Por lo pronto, los empresarios se han abocado a “talar y extraer decenas de árboles”, tal cual confían vecinos, lo que revelaría que poco y nada interesa el medio ambiente.

 

Tal cual se desprende de la Ordenanza, los empresario no destinarán el 14% de la tierra para uso público; tal cual fija la ley.

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