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PAMI y Vialidad Nacional:la privatización que ocultan

5-Oct-2017

Con la escusa de buscar "transparencia"

 

 

En la jornada de ayer, se conoció a través del Boletín Oficial la publicación del Decreto 794 del Ministerio de Transporte -decreto que se consuma con la intención de sortear al Congreso-, que crea la empresa "Corredores Viales S.A.".; lo que constituye una virtual privatización de la obra vial.  "Corredores Viales S.A." tendrá la función de "la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera".  El relato oficial que se baja para los medios de comunicaciones cercano, se basa en que dicho Corredor se conforma con la intención de proveer transparencia.

 

La nueva sociedad está integrada por el 51% del Ministerio de Transporte y el 49% de Vialidad Nacional. Sin embargo, esto no es definitivo ya que la creación de la S.A. abre la puerta a la incorporación de socios privados que ganen espacio en esta empresa. La intención del gobierno de Mauricio Macri es que los empresario amigos del poder, por caso Caputo, IECSA, Petersen, terminen realizando las obras sin pasar por el tamiz que significaría una licitación.

 

"Que en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes", afirma la norma en sus considerandos. De este modo se logra que los miles de millones de dólares destinados a las obras  quedarán fuera de los controles obligatorios para cualquier ente estatal.

 

"No resultan aplicables a “CORREDORES VIALES S.A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias", especifica la normativa.

 

Esto implica que, por ejemplo, al no basarse en el decreto 1.023, podrán realizar contrataciones directas para proveedores y realización de obras, en lugar de someterse a licitaciones como debería si fuera un organismo estatal.

 

Mecanismos similares a este tipo de negocios se acaba de realizar en el PAMI. Al respecto, el macrismo creó una fundación para administrar ciertos sanatorios y servicios que hoy son del PAMI. Al ser un organismo privado, la fundación deja de tener obligaciones vinculadas a los controles y transparencia que la obra social para jubilados hoy posee.

 

También se correlaciona con el mecanismo utilizado en el caso de ARSAT, al que quisieron presentar como una sociedad. En aquella oportunidad, revelada por El Destape, ARSAT transfería la construcción y explotación del ARSAT 3 a una empresa de la cual no podía tener más del 49% y cuyo socio controlante era la estadounidense Hughes.

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