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Cambalache: “…los chorros y asesinos nos han ‘igualao’, da lo mismo ser derecho que traidor”

10-May-2017

Escándalo nacional

 

 

 

A partir de un polémico y cuestionable fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un torturador, integrante de la última dictadura cívico-militar, recobró la libertad. Silencio presidencial, aval del Secretario de Derechos Humanos de la Nación. La resolución judicial abre la puerta a que otros represores busquen lo mismo. Amplio rechazo social y político; y de varios magistrados. Opiniones diversas que enriquecen el debate.

 

…Que siempre ha habido chorros, 
maquiavelos y estafaos, 
contentos y amargaos, 
valores y dublé... 
Pero que el siglo veinte 
es un despliegue 
de maldá insolente, 
ya no hay quien lo niegue. 
Vivimos revolcaos 
en un merengue 
y en un mismo lodo 
todos manoseaos... 

¡Hoy resulta que es lo mismo 
ser derecho que traidor!... 
¡Ignorante, sabio o chorro, 
generoso o estafador! 
¡Todo es igual! 
¡Nada es mejor! 
¡Lo mismo un burro 
que un gran profesor! 
No hay aplazaos 
ni escalafón, 
los inmorales 
nos han igualao. 
Si uno vive en la impostura 
y otro roba en su ambición, 
¡da lo mismo que sea cura, 
colchonero, rey de bastos, 
caradura o polizón!...

 

Nunca más acertado que recurrir al magistral Enrique Santos Discépolo para sintetizar y describir lo que generó en la población -en la agente de a pie, el que trabaja en la decencia- el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que permitió que un condenado a 13 años de prisión por haber torturado, hoy goce de libertad. La reacción de un mayoritario abanico nacional luego de conocida la decisión de los “supremos” es recabada en la presente edición. El intendente Julio Zamora, el ex jefe comunal Osvaldo Amieiro, los concejales Marcela Durrieu, Federico Gelay, Juan Ottavis, la UCR de Vicente López, la abogada María Celeste Vouilloud -Defensora del Pueblo de Vicente López-, Federico Decoppett del Partido Obrero, al igual que Hugo Azerrat, no dudaron en dar su punto de vista. Mientras que otros funcionarios y dirigentes pertenecientes a Cambiemos -también invitados a dar su testimonio- optaron por la “prudencia”, cuando no, por el silencio.

 

A partir del fallo, el macrismo logra una gran victoria a expensas de la dignidad nacional dejando atrás un largo camino iniciado por Raúl Alfonsín y ampliado por Néstor Kirchner tras la derogación -vía congreso de la nación- del punto final y obediencia debida. Cada uno, en el momento histórico que le tocó gobernar, hizo lo que el imperio de la realidad le permitía. Hoy, con una democracia consolidada y un largo camino abonado en materia de DDHH, no se comprende que tres jueces se arroguen la potestad de millones de personas que hace años dijeron “Nunca más” a tantas aberraciones y crímenes perpetrados por un gobierno dictatorial.

 

Como quien deja de lado aquel recorrido, ahora con un cambio de clima favorable a un sector de la comunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió otorgarle a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad, el beneficio del 2x1, donde a un preso se le computa como doble el tiempo que estuvo en la cárcel con prisión preventiva. La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”). Luis Muiña actúo en el Hospital Posadas bajo las órdenes de militares y recibió condena, no estaba con prisión preventiva. La parsimonia y quietud oficial frente a hechos como los mencionados que se manifiesta, por ejemplo, en no apelar fallos cuando sí, se puede, ubican al gobierno nacional en una posición cercana el pensamiento que abona la teoría del perdón sorteando la condena judicial.

Los votos por la afirmativa vinieron de los jueces Elena Highton de Nolasco y los macrista Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, nombrados por el presidente Macri con la anuencia de senadores. La ley del 2x1 estuvo vigente entre 1994 y 2001 y reduce el cómputo de la prisión. Empero, no pocos juristas y magistrados objetan que la ley tenga alcance sobre genocidas. Por lo pronto ya han surgido varios fallos, en distintos puntos del país, rechazando pedidos tendientes a liberar a genocidas.

 

Es evidente que el fallo sienta antecedente con respecto al resto de los condenados por crímenes de lesa humanidad. La intención del gobierno nacional es avanzar con medidas similares para que alcancen al resto de los genocidas detenidos. Sólo así se comprende que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se inclinara a favor del fallo. La arremetida cuenta con dos espadas fundamentales: la anuencia de medios de prensa como La Nación y un sector de la Iglesia. Además, por cierto, de la complacencia de un sector de la población que históricamente adhirió a la dictadura y que en el 2015 inclinó su voto por Mauricio Macri.

A partir del reciente fallo, la Corte declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna. El caso se aplica porque es anterior al 2001.

 

La mayoría de los votos a favor de este beneficio partieron de la mano de Elena Highton -la misma que en fallos anteriores rechazara-, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalan que “esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad”. Un fallo que deja a la institucionalidad republicana en un segundo plano: ser genocida no es muy distinto que ser ladrón de gallinas.

 

Distintas opiniones

Por tratarse de un tema extremadamente caro a los sentimientos democráticos de todo país que se precie como tal, Lo Nuestro abrió sus páginas a todas las expresiones. Conocer las posturas de dirigentes y funcionarios (intendentes incluidos) que adhieren o no al actual gobierno, contribuye a fortalecer el debate sobre un tema que no tiene final, ya que el único punto de cierre es mediante la actuación judicial. Aquella que la dictadura cívico-militar pisoteaba y que aún con las contradicciones del caso, la democracia logró impartir a la hora de buscar verdad y justicia, y condenar a los asesinos. Sin embargo, el reciente fallo va a contramarcha de lo trabajado desde 1983 al 2015.

 

Consultado el concejal Marcos Holdding, del partido vecinal Con Vocación San Isidro -cercano al gobierno nacional-, prefirió no opinar ya que “no leí el fallo y creo que el tema es muy delicado y serio como para hablar sin fundamentos”. Por su parte, Rodrigo Seguin, concejal del PRO de San Isidro y dirigente de confianza del embajador y candidato a intendente Guillermo Montenengro (PRO), invitado a dar su mirada sobre el fallo, se excusó argumentando cuestiones de trabajo que le impiden, por ahora, analizar el fallo con responsabilidad.

A su turno, el peronista Julio Zamora, intendente de Tigre, decía lo siguiente: Lo que primero surge es la indignación, la bronca, el repudio más enérgico. Luego, uno se pregunta, por qué, para qué, y no hay respuesta lógica. Hemos avanzado mucho en materia de Derechos Humanos como para salir con un fallo de estas características. No encuentro otra explicación que interpretar el fallo como parte de una política tendiente a negar el genocidio. Así como cuestionamos desde el Frente Renovador, con Sergio  Massa, a aquellos jueces que utilizando el denominado 2x1 liberan asesinos, no es complejo determinar qué sensación produce que un torturador y genocida camine libremente por las calles.

 

Para el ex intendente de San Fernando, el abogado Osvaldo “El Gallego” Amieiro, es muy clara su postura cuando dice “no hay otro camino que rechazar todo tipo de indulto; éste es uno” y reclama que “el único camino es no perder la memoria, insistir en la justicia y cárcel a los militares y civiles que participaron del genocidio”. Dentro de su análisis, el dirigente peronista sostiene que “esta decisión (por el fallo) la han tomado cómplices y participes de las dictaduras genocidas, que no son ni más ni menos que los mismos que actuaron durante la década infame, en el golpe del 55, en el de Onganía, en el 76, y hoy están pagando esta deuda para poder saquear la Patria”.

Federico Decoppett, dirigente del Partido Obrero y precandidato a concejal (dentro del Frente de Izquierda) en Vicente López, asegura que “el mismo Estado que pregona mano dura contra las protestas, le otorga el 2x1 a los genocidas”, y yendo más allá agrega que “nada es casual, el fallo está en total sintonía con la política macrista, que es la del rescate de los militares de la dictadura, para reinsertar a las fuerzas armadas en la represión interior. Hay que seguir luchando contra la impunidad a los genocidas y a la represión de la protesta social”. 

 

La concejal Marcela Durrieu (FR San Isidro), con una larga y comprometida militancia política lo que le valió, en plena dictadura, sentir las torturas, desapariciones y muerte muy de cerca, explicó que “el fallo es indignante, es horrible, aberrante por donde se lo analice; un mamarracho. Esto -amplía la concejal- es el correlato de un proceso que viene de la mano de Cambiemos que pretende instalar el negacionismo de lo que sucedió en nuestro país en torno a la dictadura; esto es como pretender negar el holocausto o minimizarlo intentando discutir sobre la cantidad de víctimas. Acá hubo crímenes de lesa humanidad, hubo genocidio, que quede claro, no son delitos comunes. Es inadmisible aplicar el 2x1, va a contramarcha de todo lo que se viene trabajando en esta materia. Es un franco retroceso en materia institucional y democrática. Un fallo que, además, no tiene en cuenta las voces de las miles de víctimas. Es evidente que la Corte avanzó respondiendo a una suerte de pedido político del gobierno nacional, nada justifica semejante medida”.

 

Desde el radicalismo, la única voz en toda la Región Norte provino del Comité de la Unión Cívica Radical de Vicente López. Fiel al estilo radical, los radicales de Vicente López explicaron que “sin perjuicio de su irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial”, expresan su “enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘Muiña’ que, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión preventiva en delitos de lesa humanidad. Este fallo sienta jurisprudencia para el resto de los condenados por delitos de lesa humanidad,  poniendo en riesgo todo lo conseguido en estos años de Democracia”, amplía el documento suministrado desde la UCR. Y finaliza diciendo: “Lamentamos el fallo dividido y el criterio adoptado entendiendo que implica un grave retroceso de una Política de Estado en materia de derechos humanos que ha sido delineada por los tres órganos del poder acompañado por la ciudadanía y organizaciones nacionales e internacionales, y por sobre todas las cosas bandera del Radicalismo desde el retorno de la democracia con Raúl Alfonsín desde 1983”.

 

Hugo Azerrat, abogado y dirigente justicialista, al momento de considerar el fallo sostuvo que el mismo “tiende a garantizar impunidad a los genocidas y satisfacer a muchos de los votantes de Macri. Es indignante, provocativo y, en algún punto, humillante para millones de argentinos que han dejado su vida en defensa de la democracia. No tiene sustento jurídico, ya hay jueces y fiscales que salieron a rechazar pedidos de excarcelación. Desgraciadamente, estamos  presenciando la actuación de algunos ‘cortesanos’ que parecieran estar pagando favores al gobierno nacional”, explica ante Lo Nuestro.

 

Quien también salió a fustigar el fallo fue el concejal Federico Gelay (FpV). “El fallo -considera el dirigente- es un agravio para las niñas y los niños apropiados, es una inmoralidad para las Abuelas que perdieron a sus hijos y que aún buscan a sus nietos y es una aberración a la memoria de las compañeras y de los compañeros torturados, ultrajados y masacrados durante el terrorismo de estado. Pero, además, es un fallo tan ridículo que es insustentable desde el punto de vista jurídico. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Frente a este fallo, la ‘república’, la ‘transparencia’, la ‘división de poderes’ y hasta la propia ‘democracia’ se convierten en una burda farsa que no hace más que exponer las miserias de un gobierno que ha llegado al poder para llevarse puestos todos los derechos adquiridos legítimamente por el pueblo-nación argentino gracias a los gobiernos de Néstor y de Cristina”.

 

“Para Macri, los derechos Humanos son un curro, por eso van por todo aquello que ellos consideran como tal, avasallando y utilizando a un sector de la  justicia que han logrado cooptar de manera inescrupulosa metiendo jueces por la ventana”, quien así se expresa es el concejal Juan Ottavis. Y agrega: “El fallo de la Corte es un franco retroceso que sólo se entiende cuando se analiza el objetivo central del macrismo, desmantelar la patria para convertirla en un país meramente exportador de granos, con desocupados y salarios chinos, beneficiando, casualmente, a un sector que también fue partícipe de la última dictadura cívico-militar”.

 

Con la tranquilidad, prudencia  y contundencia con la que suele expresarse, el concejal Juan Ottavis (FpV San Isidro) definió al fallo como un “claro retroceso institucional  que trasciende lo judicial, socava la dignidad humana”. Para el concejal, la liberación del genocida “va en línea con lo que viene diciendo y haciendo Macri y su ‘equipo’” y agrega que “él -por el presidente- en plena campaña ya hablaba de curros de derechos humanos, luego manda a su gente a plantear el negacionismo, niega la existencia de los 30 mil desaparecidos como si el holocausto lo midiéramos por la cantidad de asesinatos cometidos por el régimen nazi, lo que fueron actos de terrorismo de Estado él los define como guerra, cuando tiene que apelar fallos no lo hace. En fin, es coherente con su pensamiento, aquel que aún hoy justifica la dictadura cívico-militar de la cual su familia se vio ampliamente beneficiada”.

 

La abogada María Celeste Vouilloud, Defensora del Pueblo de Vicente López e integrante de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), también se expresó al respecto. “No se puede guardar silencio tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la magnitud de sus consecuencias en relación con la lucha por los derechos humanos en Argentina y la persecución de los delitos de lesa humanidad”, expresa la funcionaria en sintonía con la Asociación. Con la mirada jurídica que la asiste detalla que “el fallo de la CSJN constituye un retroceso y el camino hacia la consagración de la impunidad en delitos de lesa humanidad” y aclara que “es una decisión política que expone a la Argentina en su política de derechos humanos y la coloca en una situación internacional comprometida y vergonzosa”.

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