Nación y Provincia en retroceso institucional: Continúan repudios contra “jueces saca presos”
Tras el fallo de la Corte Suprema que liberó a genocida y la amenaza de muerte a fiscal
El retroceso institucional acaba de subir nuevos peldaños tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, aplicando el cuestionado sistema del 2 x 1, otorgó la libertad a un genocida. Medida abalada por el gobierno nacional, tal cual lo destacó el Secretario de Derechos Humano, Claudio Avruj. La otra compleja arremetida contra la institucionalidad se dio en la provincia de Buenos Aires. Tras la dura golpiza y amenaza de muerte que recibiera el fiscal de delitos complejos de La Plata, Fernando Cartasegna, dentro de su despacho, no pasó inadvertido el silencio de la gobernadora Vidal y del Ministro de Seguridad Ritondo. Más aún cuando ellos fueron, en otras oportunidades, víctimas de atentados -menores por cierto, no obstante preocupantes-, y la reacción no fue la misma. Las mafias policiales-judiciales, no son nuevas, como tampoco el intento de desmantelarlas; claro que algunos continúan negociando.
Ritondo aseguró que la provincia le había ofrecido custodia personal al fiscal, sin embargo, el fiscal la rechazo. “Unos días antes el fiscal había recibido una dura paliza en la calle, ante eso yo lo rodeo lo cuido con la infantería no lo dejó solo”, comentaba el diputado provincial, el sanisidrense Marcelo Sain experto en cuestiones de seguridad, para agregar que “es evidente que montaron una zona liberada para que los delincuentes ingresen tranquilamente al despacho del fiscal”. El respecto, Sain responsabilizó (políticamente) a Vidal y a Ritondo por los hechos. Queda claro que nadie ingresa a un despacho de un magistrado si previamente no se libera la zona
En cuanto al fallo de la Corte Suprema, desde el Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, y a través del Secretario Gral. de Organización, el ex concejal de Vicente López Carlos Roberto, dieron a conocer un duro documento.
Para los socialistas el fallo de los cortesanos saca presos “significa un gran retroceso en las decisiones de la Justicia en relación de las violaciones de los derechos humanos durante la genocida dictadura militar que usurpo el poder a partir del 24 de Marzo de 1976”.
“También -amplía el documento- significa un hecho grave porque al tratarse de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y por lo tanto no pueden beneficiarse con normas que beneficiaron hasta el año 2004 a los responsables de delitos comunes”.
“Esta decisión se enmarca en la política del Gobierno Nacional de impulsar la prisión domiciliaria de los genocidas e instalar el debate sobre la cantidad de desaparecidas, que fue rechazada por las multitudinarias marchas realizadas el 24 de Marzo organizadas por los organismos de derechos humanos y acompañadas por organizaciones políticas y sociales.
Estos hechos ocurren en el mismo momento que sectores de la Iglesia Católica Argentina, impulsan un encuentro entre los familiares de desaparecidos y familiares de personas fallecidas durante la década del 70 por organizaciones que participaron de la lucha armada, pretendiendo reinstalar la teoría de los dos demonios”, argumentan los socialistas.
El documento también recuerda que “durante la dictadura los máximos responsables de la Iglesia Católica en la Argentina fueron cómplices de las desapariciones y en algunos casos justificaban la represión”.
Finalmente el comunicado ratifica el compromiso socialista por la Memoria, Verdad y Justicia, afirmando que “la Justicia definió que existió un genocidio en nuestro país y un plan sistemático para la desaparición de personas y que seguiremos reclamando por la búsqueda de los hijos de nuestros desaparecidos”.
