El negocio sigue: rinoscopia para funcionarios y policías


Buenos Aires inseguro

Dentro de un contexto provincial de fuerte inseguridad, la gobernadora Vidal impondrá que la totalidad de los efectivos de la Policía Bonaerense deban someterse a exámenes toxicológicos para detectar el consumo de drogas. Una medida que también abarcará al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a los subsecretarios, a la cúpula de la fuerza y a otros funcionarios del área.

Así surge de una resolución del ministerio de Seguridad bonaerense que pone en marcha un programa denominado “Política de prevención y control del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito de la Policía de la Provincia”.

Los exámenes se realizarán dentro de los próximos tres meses y comenzarán por el propio ministro, los subsecretarios o quienes tengan un cargo equivalente, el superintendente General de Policía y el subcoordinador Operativo de Seguridad. Luego, será el turno del personal de la superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas y los integrantes de la Auditoría General de Asuntos Internos. Paulatinamente, se sumarán al resto de la totalidad de la fuerza, incluida sus jefes e integrantes de la Policía Local.

De esta manera, la Policía Bonaerense será la primera fuerza del país en someter a sus agentes a controles para detectar el consumo de drogas ilícitas, una modalidad se aplica en Estados Unidos (tanto para el FBI como para la DEA), México, Honduras y Ecuador. Que a la luz de los acontecimientos de poco y nada sirve para combatir el consumo: EE.UU es el principal consumidor de drogas, mientras México es el gran productor. Cientos de miles de millones de dólares destina el mundo para combatir el mentado narcotráfico y lo único que han logrado es incrementar el negocio de manera sideral. Ganancias superlativas terminan depositadas en países del denominado primer mundo, o en paraísos fiscales, Panamá, por caso.

No entender que las adicciones se abordan con políticas de salud y no combatiéndola a punta de pistola, en gran medida, sería favorecer el negocio ilegal y las muertes. Recientemente, países como Suiza y Portugal han dejado de tratar el tema como una cuestión criminal para dar lugar al abordaje sanitario.


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