El juez Diego Martínez cayó en desgracia; arman justicia macrista
Pretendía integrar el Tribunal de Casación
El Consejo de la Magistratura bonaerense definió la terna de donde saldrá el nuevo juez, o jueza, que ocupará el cargo que dejó vacante el oficialista Carlos Mahiques en el Tribunal de Casación. En medio de la natural puja de intereses en que cada sector político intenta imponer su candidato, el impulsado por el Frente Renovador, el juez Diego Efraín Martínez (Garantías de Tigre) quedó fuera de la terna. Fiel al estilo Carrió -lo que no controlo lo destruyo-, Diego Efraín Martínez fue objeto de las estocadas de la diputada ultramacrista. Denunció al magistrado por la “comisión de delitos y mal desempeño”, y a tal efecto pide “su destitución”.
De este modo, Diego Efraín Martínez, que no goza de una buena predica entre sus pares y por parte de los trabajadores judiciales, quedara fuera de la grilla para conformar el mencionado tribunal. Todo indica que el macrismo en su afán de armar una justicia condescendiente, tal cual lo viene realizando en el orden nacional, defenestrando a jueces con la anuencia cómplice de medios de prensa y el silencio de algunos dirigentes políticos, hará lo propio en tierras bonaerenses: nombrara un magistrado afín.
Caída la pretensión impulsar a Martínez, la terna quedó conformada por la actual defensora de Casación, Ana Julia Biasotti; el fiscal de Pergamino, Pablo Hernán Santamarina, y la agente fiscal de Delitos Culposos de La Plata, María Florencia Budiño. Ahora será la gobernadora Vidal quien deberá elegir a uno de los tres postulantes para luego mandar el pliego al Senado bonaerense para su ratificación.
Carrió remarcó en su presentación contra Martínez, que en el año 1997, cuando se desempeñaba como secretario del Juzgado de Transición nº3 de San Isidro, fue llamado a indagatoria por el faltante de una importante suma de dinero en un juzgado que se encontraba bajo custodia. En una polémica decisión, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro declaró extinguida la acción penal y en tal sentido se argumentó que, desde la fecha del hecho, habían transcurrido los dos años de prescripción de la acción penal, sin que se produjeran actos interruptivos ni otros delitos.
